Guatemala endurece las penas contra el 'femicidio'
Más de 2.700 mujeres han muerto violentamente desde el año 2003
"Ya no me quiere. Ya no me pega como antes". Esta anécdota registrada en un juzgado de familia y que se cuenta en las facultades de Derecho, ilustra, en todo su dramatismo, el largo camino que la mujer guatemalteca ha tenido que recorrer en la búsqueda del respeto a su dignidad.
Hay logros. La mujer empieza a ocupar, y con propiedad, espacios que hasta hace tres o cuatro décadas eran exclusivos de los varones. Pero la luz al final del túnel aparece empañada por la violencia. Según datos oficiales, más de 2.700 mujeres han sido asesinadas en este país centroamericano desde 2003.
Con escasísimas excepciones, estos crímenes permanecen en la impunidad. Hasta el pasado marzo, en los juzgados de familia se habían acumulado más de 55.000 denuncias. La falta de una ley específica hace que sólo un 2% de los casos se resuelva.
El machismo de la sociedad guatemalteca complica más las cosas. En muchos casos, la policía criminaliza a las víctimas, señalando supuestos vínculos con pandillas juveniles. Si bien es cierto que se han dado casos de esa naturaleza, organizaciones como la Red de la No Violencia contra la Mujer insisten en que, en la mayoría de los hechos, las muertes se enmarcan dentro de la violencia doméstica.
Es en este contexto que el Congreso guatemalteco (legislativo, unicameral), aprobó la semana pasada una ley que crea la figura del femicidio, que define como "el asesinato de una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres" y establece penas que oscilan entre los 25 y los 50 años de cárcel. La nueva normativa también contempla el maltrato psicológico y lo castiga con entre cinco y ocho años de prisión.
Juzgados específicos
La nueva ley establece que debe ser ampliamente divulgada, para que las mujeres conozcan sus derechos y puedan denunciar ante las autoridades los abusos. Igualmente, ordena la creación de hogares para las víctimas de la violencia y una fiscalía y juzgados específicos para estos delitos.
En un país multiétnico y multicultural como Guatemala, los legisladores han tenido que atender aspectos impensables en sociedades más homogéneas.
Así, la norma también castiga a los esposos que nieguen a sus mujeres el acceso a métodos de planificación familiar.
Ocurre que, en muchas de las poblaciones de ascendencia maya, la virilidad se mide por el número de hijos, lo que condena a muchas mujeres a engendrar hijos no deseados.
