Historiadores italianos rechazan que se declare delito negar el Holocausto

El escepticismo acerca del genocidio sufrido por los judíos a manos del nazismo, e incluso la negación de que aquello ocurriera en realidad, parecen extenderse entre los más jóvenes. Por eso, y por las presiones de Alemania, el Gobierno italiano quiere aprobar una ley que convierta en delito el negacionismo del Holocausto. Pero dos centenares de historiadores se oponen a esa ley. "Será inútil o, aún peor, contraproducente", dicen.

Los intelectuales sostienen que la "verdad del Estado" no es "la verdad histórica"

En Alemania, Austria, Francia, República Checa, Bélgica, Polonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia ya existen leyes de ese tipo. La canciller Angela Merkel se propone utilizar la presidencia semestral alemana para extender por el resto de la Unión Europea la legislación antinegacionista, y el ministro de Justicia italiano, Clemente Mastella, se muestra de acuerdo. [EE UU introdujo ayer una resolución en la ONU de condena a los que niegan el Holocausto, que respaldan 72 países, y que se espera votar en la Asamblea General del viernes, informa Reuters].

Según Mastella, "hay que seguir combatiendo el antisemitismo". El ministro de Bienes Culturales y vicepresidente, Francesco Rutelli, también quiere la ley: "Los políticos tenemos la obligación de impedir que el delirio de la negación del Holocausto cuente con perspectivas de futuro".

El proyecto de ley debería ser presentado al Consejo de Ministros el próximo sábado, 27 de enero, el día en que Italia celebra la Jornada de la Memoria. Los representantes de la comunidad judía italiana aplauden la iniciativa. Reconocen que ninguna ley puede servir para establecer la verdad histórica, pero creen que puede ser un buen instrumento para combatir a los extremistas y al neofascismo.

Pero muchos historiadores no están de acuerdo. Casi 200 profesionales, afines a todo el espectro ideológico democrático y absolutamente ajenos al negacionismo, presentaron el lunes un llamamiento al Gobierno de Romano Prodi, en el que se declaraban "preocupados" por el hecho de que se quisiera resolver "un problema cultural y social ciertamente relevante" mediante "los tribunales y la amenaza de reclusión".

Los historiadores, entre ellos Ernesto Galli della Loggia, Paul Ginsborg y Franco Cardini, ofrecían tres razones para descartar la ley. La primera: "Se ofrece a los negacionistas (...) la posibilidad de erigirse en paladines de la libertad de expresión". La segunda: "Se establece una verdad de Estado (...) que amenaza con deslegitimar la propia verdad histórica".

Los historiadores recordaban, como ejemplos negativos, que la inexistencia del genocidio armenio era "verdad de Estado" en Turquía, y que la inexistencia de los sucesos de Tiananmen era "verdad de Estado" en China.

La tercera razón se ceñía a criterios profesionales: "Se acentúa la idea, ya muy discutida entre los historiadores, de la unicidad del Holocausto, no como evento singular, sino como acontecimiento inconmensurable y no comparable con ningún otro hecho histórico, colocándolo de hecho fuera de la historia o en el vértice de una presunta clasificación de los males absolutos del mundo contemporáneo".