Huelga de jueces en Bolivia en protesta por los ataques de Morales

El poder judicial de Bolivia declaró ayer, por primera vez en su historia, una huelga de 24 horas para protestar contra la arbitrariedad del poder ejecutivo y por la dignidad de los administradores de justicia, a los que el propio presidente del país, Evo Morales, ha calificado de corruptos y ladrones. El enfrentamiento de los dos poderes del Estado dura ya cuatro semanas, aunque se ha agudizado tras las recientes acusaciones del Gobierno.

Éste ha calificado a la judicatura como "la institución más corrupta del país" y le ha acusado de provocar los retrasos de la justicia. Estas imputaciones han llevado a los magistrados a convocar una huelga que ayer se desarrolló en todo el país.

La Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y las nueve Cortes de Distrito cerraron sus puertas a los litigantes. El paro contó con el apoyo del colegio de abogados y el rechazo de una asociación de empleados de la administración de justicia que, sin embargo, no logró que sus afiliados asistieran a su trabajo, debido a que las puertas de los edificios donde funcionan los juzgados estaban cerrados bajo control policial.

Por su parte, la fiscalía del Estado anunció que sus labores iban a desarrollarse con toda normalidad, pese a la huelga de los magistrados.

El presidente Morales fustigó, en un discurso pronunciado en la ciudad de El Alto, a los magistrados y aseguró que en el país existe el "poder perjudicial" y no el judicial. Las Juntas Vecinales de esta ciudad dormitorio, a 14 kilómetros del centro de La Paz, exigieron ayer públicamente la inmediata renuncia de los magistrados.

La Corte Suprema garantizó un acatamiento total de la huelga, mientras el portavoz gubernamental, Álex Contreras, advirtió de que su seguimiento era parcial y forzado. El Gobierno anunció descuentos en el sueldo a quienes participaran en la huelga, lo que provocó protestas debido a lo que calificaron de ataque a la independencia de los poderes.

El enfrentamiento entre ambas instancias se ha agudizado después de que el Tribunal Constitucional dispusiera un plazo de 60 días para la suplencia que ejercen cuatro magistrados de la Corte Suprema, designados por el Ejecutivo ante la demora de los nombramientos en el Legislativo.

La medida del Constitucional no sólo molestó al Gobierno, sino que sus protestas tuvieron eco en los familiares de las víctimas de la asonada de El Alto, en octubre de 2003, que exigen un juicio político al entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Los cuatro magistrados designados por Evo Morales tienen como misión concluir el proceso contra Sánchez de Lozada y asegurar su procesamiento político en el menor tiempo posible.