Human Rights Watch confirma la cifra de muertos reconocida por Marruecos

El resultado de la primera investigación independiente realizada sobre lo ocurrido durante el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui a las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, el pasado 8 de noviembre, confirma las cifras de muertos aportadas por Marruecos. Peter Bouckaert, director de Emergencias de la organización Human Rights Watch, primer observador independiente que ha conseguido entrar en la zona, ha asegurado ayer en conversación telefónica que, durante la misión de investigación que realizó durante cinco días, pudo confirmar la muerte de 10 militares marroquíes y de dos civiles saharahuis. La undécima baja entre los miembros de las fuerzas de seguridad se registró después de que Bouckaert acabara su misión.

El observador de Human Rights Watch ha declarado su escepticismo ante la cifra de 36 muertos civiles que aporta el Frente Polisario, ya que no ha encontrado ningún indicio que la sustente. "Las fuerzas militares marroquíes iban desarmadas al entrar en el campamento", ha dicho Bouckaert. Según las informaciones recogidas durante su estancia en el Sáhara, los militares marroquíes no disponían de armas de fuego cuando empezó el asalto al campo saharahui de Agdaym Izik, donde 20.000 personas permanecían acampadas desde hacía un mes. No por eso, según el observador de Human Rights Watch, el ataque fue menos violento. Los testimonios recogidos -y que son la base del informe que la organización publicará en los próximos días- confirman que los uniformados marroquíes "golpearon a varias personas en el campo hasta dejarlos inconscientes". Las investigaciones de la organización -a las que, según el director de Emergencias, Marruecos no puso trabas- dan cuenta de las detenciones masivas realizadas por las fuerzas de seguridad tras el asalto al campamento y de los abusos sufridos por los arrestados mientras estaban bajo custodia policial.

Según Human Rights Watch, hay un centenar de personas que han sido presentadas ante un tribunal civil y al menos siete u ocho que se enfrentan en Rabat a un juicio militar. "No sabemos cuántas personas más están detenidas y no han sido llevadas aún ante un juez", ha explicado Bouckaert, quien pide a las autoridades marroquíes que investiguen los abusos denunciados por los detenidos que han sido liberados y por algunos presos en sus declaraciones ante los jueces. "Tenemos razones para creer que los abusos continúan".

"Las fuerzas de seguridad seguían buscando a los líderes de las protestas en los días en los que estuve en El Aaiún", ha afirmado Bouckaert. El representante de HRW ha desmentido la acusación de Rabat de que en el campamento la población fuese rehén de milicianos radicales. También ha minimizado las denuncias de las organizaciones prosaharauis de que El Aaiún está en estado de sitio. "Las tiendas y las oficinas están abiertas y poco a poco se está volviendo a la normalidad". Lo que sí ha confirmado son los destrozos sufridos por varios hogares de ciudadanos saharauis: "Funcionarios marroquíes han visitado varias de las casas atacadas por civiles marroquíes y han ofrecido indemnizaciones de entre 1.500 y 30.000 dirhams [150 y 2.600 euros]".