Israel revoca la residencia a miles de palestinos en Jerusalén

Viajar al extranjero para estudiar o trabajar entraña, para los 250.000 palestinos de Jerusalén, el peligro cierto de que el Gobierno israelí revoque su permiso de residencia. Viene sucediendo desde que la mitad oriental de la ciudad fue ocupada en 1967. Pero el año pasado el fenómeno adoptó un ritmo desenfrenado. Si en las primeras cuatro décadas de ocupación 8.558 palestinos fueron despojados de su tarjeta de identidad, en 2008 4.577 (un centenar de ellos menores de edad) corrieron idéntica suerte.

Los datos proceden del propio Ministerio de Interior israelí, aunque Hamoked -la ONG que ha difundido las cifras- tuvo que pleitear en los tribunales para que el ministerio accediera a proporcionar la información. La mayoría de las revocaciones afectan a palestinos que han residido en el extranjero durante más de siete años. Con un agravante: a este respecto, cualquier pueblo o ciudad de Cisjordania también se considera el extranjero. El abanico de víctimas puede ampliarse fácilmente. La obtención de la ciudadanía de otro país o la residencia permanente bastan para arrebatar al árabe jerosolimitano la tarjeta verde (permiso de residencia). Al tiempo, la Ley de Retorno permite a cualquier judío del mundo obtener el pasaporte israelí sin demora.

Las autoridades israelíes no se cansan de repetir que los árabes residentes en Jerusalén Este gozan de los mismos derechos que los vecinos judíos. Pagan sus impuestos los árabes, entre otros motivos porque es crucial para conservar la tarjeta verde. Sin embargo, un simple paseo por cualquier rincón de Jerusalén Oriental revela la flagrante discriminación en la prestación de servicios públicos en una ciudad sólo unificada sobre el papel. La Asociación para los Derechos Civiles viene advirtiéndolo hace años: "El Gobierno se esfuerza por convertir en intolerable la vida de los palestinos de Jerusalén Este, hasta el punto de que abandonen sus casas y se trasladen a Cisjordania".

"El fenómeno de revocar la residencia ha alcanzado dimensiones alarmantes. Las operaciones del Ministerio del Interior son parte de una política general cuyo objetivo es reducir el tamaño de la población palestina para mantener una mayoría judía en Jerusalén. Los palestinos son nativos de esta ciudad, no recién llegados", declaró Diana Kerstein, directora ejecutiva de Hamoked. La demolición de viviendas, la expulsión de palestinos de las casas en las que han vivido medio siglo, el muro de cemento que separa de Cisjordania los pueblos que rodean Jerusalén son piezas fundamentales de una política que persigue la judaización de la mitad árabe.

La polémica coincide con frecuentes llamamientos de la Unión Europea, Estados Unidos y Naciones Unidas para que Israel detenga su política de "provocaciones" y hechos consumados.