Italia estudia liberar a 7.400 reclusos por delitos menores

El ministro de Justicia italiano, Angelino Alfano, tiene un plan: excarcelar a 7.400 presos para descongestionar las atestadas prisiones del país. En total, 3.300 reclusos extranjeros y 4.100 italianos podrían salir en breve de la cárcel. La medida, que fue revelada ayer por el diario La Repubblica, recuerda al indulto decretado por el último Gobierno de Romano Prodi, y se completaría repatriando a los extranjeros a sus países de origen y poniendo a los detenidos nacionales en arresto domiciliario previa colocación de una tobillera electrónica.

El proyecto de Alfano y el director de Instituciones Penitenciarias, Franco Ionta, intenta prevenir la explosión de revueltas entre los 55.831 reclusos que llenan las 205 cárceles italianas, y se aplicaría sólo a aquellos detenidos a los que les quede por cumplir dos años de pena por delitos que no crean alarma social.

La situación en muchas prisiones del país es de hacinamiento, y se agrava con una media de nuevos ingresos que se acerca a los 1.000 condenados al mes. En Italia hay 43.262 plazas penitenciarias, que pueden ampliarse a un máximo de 63.568, y se están realizando ampliaciones para albergar a 2.400 presos más.

Preocupación

Alfano ha vendido su idea como una simple aplicación de las leyes existentes, intentando por todos los medios que no parezca un "indulto camuflado". El motivo es que los socios del Gabinete de Silvio Berlusconi, Alianza Nacional y Liga Norte, hicieron bandera electoral de la "certeza de la pena". "No pensamos ni por un instante en nuevos descuentos de penas", ha asegurado el ministro.

El mayor problema del plan parece residir en su propia ambición. Los cálculos de Justicia e Instituciones Penitenciarias señalan que, entre los 3.300 extranjeros que tienen menos de dos años de cárcel por delante, hay sobre todo marroquíes (1.100) y rumanos (600), además de ciudadanos de países de la ex Yugoslavia, albaneses, tunecinos, argelinos y nigerianos. Justicia ha pedido a Interior que intensifique las gestiones para cerrar o poner al día acuerdos de repatriación con esos países.

En el caso de los detenidos nativos, la logística tampoco parece sencilla. Las 4.000 tobilleras electrónicas son una cifra importante. Según La Repubblica, habría que revisar el acuerdo entre Interior y Telecom, la empresa de telefonía que las gestiona.