Garzón entrega al fiscal británico la ampliación de la extradición de Pinochet a 11 nuevos casos
El juez Baltasar Garzón entregó ayer al abogado representante de la Fiscalía Británica, Alun Jones, una ampliación de la petición de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet en la que detalla 11 nuevos casos de torturas cometidas después del 29 de septiembre de 1988, fecha interpretada por Garzón como límite máximo para la comisión de delitos por los que Pinochet pueda ser juzgado. Precisamente siete víctimas de delitos cometidos antes de esa fecha, entre ellas la viuda del diplomático Carmelo Soria, han impugnado el fallo de los lores ante el Tribunal de Estrasburgo.
Alun Jones pasó toda la mañana en el despacho en la Audiencia Nacional de Garzón, quien le hizo entrega de la ampliación de la extradición. Los 11 nuevos casos de torturas son posteriores al 29 de diciembre de 1988, fecha en la que el Reino Unido suscribió el Convenio de Represión de la Tortura y que sirve de límite temporal, según los lores, para poder enjuciar a Pinochet.Jones había remitido un fax al magistrado español en el que pedía datos de los torturados por el régimen de Pinochet desde septiembre de 1988 y señalaba: "Necesitamos poder demostrar que dichas personas realmente fueron sometidas a torturas como consecuencia de una política de represión sistemática, generalizada y continuada, utilizada por el senador Pinochet y sus partidarios para hacerse con el poder y aferrarse al mismo hasta que dejó su cargo en 1990. Es importante poder aportar detalles respecto de la cantidad de personas involucradas y de los métodos de tortura a los que fueron sometidos".
Petición renovada
Garzón le detalló los ocho casos incluidos en la primitiva petición de extradición, los 31 nuevos casos que se incorporaron a raíz de la primera petición, otros ocho remitidos la semana y 11 nuevos casos, los entregados ayer, que han sido proporcionados al juez por los organismos de Derechos Humanos de Chile.Jones, que ayer mismo regresó a Londres, tiene intención de presentar esos nuevos casos antes de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, se pronuncie sobre la continuidad del procedimiento de extradición contra Pinochet.
Ayer, la justicia británica prorrogó la situación de detención del ex dictador chileno que había solicitado la libertad total. Pinochet continuará sometido a vigilancia policial durante las 24 horas del día, aunque gozará, como hasta ahora, de cierta libertad de movimientos.
Mientras prosigue el procedimiento de extradición por los delitos cometidos con posterioridad a la fecha indicada de 1988, ayer se conoció la apertura de otro frente judicial contra Pinochet, en esta ocasión por delitos cometidos en los años anteriores. Precisamente, la demanda contra el Reino Unido que han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo y dependiente del Consejo de Europa, siete víctimas de la dictadura de Pinochet, im pugna la decisión del Comité Judicial de la Cámara de los Lores, hecha pública el 24 de marzo último. Dicha decisión autoriza la extradición a España de Pinochet solamente por los delitos cometidos "después del 8 de diciembre de 1988".
Las siete víctimas de delitos cometidos por la dictadura de Pinochet antes de 1988 invocan ante el Tribunal de Estrasburgo los deberes del Reino Unido con el convenio. Razonan que la decisión de los lores "implica la completa impunidad de todos los delitos cometidos" contra los siete demandantes, "y entendemos", dicen, "que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, uno de cuyos efectos, sin el cual no sería real o eficaz la protección para la que fue ideado, es el (...) derecho de la víctima a la no impunidad del agresor y, cuando menos, a una investigación seria y objetiva sobre la denuncia".
Medidas cautelares
Los siete demandantes consideran violados los derechos a la vida, a no ser sometidos a tortura, a la libertad y seguridad, a un juicio justo y al respeto de la vida privada y familiar, reconocidos por el convenio, y, con apoyo en el artículo 39 del reglamento del Tribunal, solicitan medidas cautelares "para el hipotético caso de que el ministro británico del Interior decida denegar la extradición a España de Pinochet, lo que supondría la completa impunidad de todos los delitos cometidos por éste". Se pide al Tribunal celeridad en la tramitación de la demanda, ante el riesgo de que Pinochet "pudiera ser puesto en libertad".Formulan la demanda Laura González -viuda del diplomático español asesinado en 1976, Carmelo Soria-, Marcela Prádenas, Dora Carreño, Ofelia Nistal, Matilde Martín, Santiago Oyarzo y Jorge Martín. Los representantes legales ante el Tribunal son el catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, coautor del Manifiesto contra la impunidad que impulsó el proceso penal contra Pinochet, y el abogado José Luis Mazón, experto en la jurisdicción de Estrasburgo.
