Japón tenía un punto débil en sus centrales nucleares y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se lo dejó bien dicho durante un encuentro celebrado en Tokio en diciembre de 2008. En un cable difundido por Wikileaks, la Embajada de Estados Unidos informaba de que el OIEA advirtió de que las guías de seguridad contra los seísmos sólo habían sido revisadas tres veces en los últimos 35 años. El organismo insistió en que Japón debería aprender de "las experiencias recientes".

"Recientes seísmos han sobrepasado en algunos casos el diseño con que fueron construidas algunas plantas y esto es un serio problema hacia el que ha de dirigirse ahora el trabajo sobre seguridad", señala el cable del que se ha hecho eco el diario británico The Daily Telegraph. Los "casos recientes" aludían al terremoto de magnitud 6.8 en la escala Richter que se dañó el 16 de julio de 2007 la central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo. En aquella ocasión, el propio Gobierno reconoció que la compañía eléctrica Tepco, propietaria de la central, había informado de forma lenta y poco rigurosa sobre los verdaderos daños.

En 2006, el año anterior al seísmo que provocó la paralización de actividades en la central de Kashiwazaki-Kariwa, los diplomáticos estadounidenses informaban en otro telegrama de que un tribunal japonés ordenó la paralización de las actividades en el segundo reactor de la central de Shika ante la posibilidad de que no pudiese resistir terremotos de gran magnitud. Un grupo de 135 demandantes civiles había denunciado a Rikuden, la empresa eléctrica propietaria, en mayo de 2005. "La denuncia contra Rikuden afirmando que la planta de Shika es insegura debido a la preocupación por los terremotos no es sorprendente, dada las muchas denuncias que se han presentado en el pasado", indicaba el despacho de la embajada. "Lo que es sorprendente en este caso es que los demandantes finalmente ganasen el caso", añadía.

Un funcionario de la agencia japonesa de seguridad nuclear (NISA) informó a la Embajada de que, al tratarse de una demanda civil, la eléctrica Rikuden no estaba obligada a detener el reactor. El entonces presidente de la compañía eléctrica, Isao Nagahara, declaró que le parecía "profundamente lamentable" la sentencia y que pensaba recurrirla. El entonces director de la agencia japonesa de seguridad, Kenkichi Hirose, dijo: "Nunca he pensado que una corte judicial pudiera ordenar el cese de la actividad en una planta".

La Embajada indicaba en su informe que aunque la compañía eléctrica no estaba obligada a cesar la actividad del reactor, debería afrontar una dura batalla para ganarse el apoyo de unos ciudadanos poco dispuestos a tener frente a sus casas una central nuclear. "Especialmente, si no están convencidos de que el próximo gran terremoto ocasionará una gran devastación", concluía el informe.