Jueces cómplices de la dictadura

Las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad registrados durante la dictadura argentina (1976-1983) no afectan solo a exmilitares, policías, agentes civiles de servicios de información u oficiales penitenciarios, sino también a médicos, sacerdotes y, desde hace relativamente poco tiempo, a algunos -pocos- jueces y secretarios judiciales que colaboraron con las torturas, desapariciones o secuestros ocurridos en esa etapa.

El último caso es el del exjuez Luis María Vera Candioti, cuyo procesamiento acaba de ser confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, acusado de alterar la identificación de una menor, hija de desaparecidos, que fue entregada en adopción.

Otro magistrado, Otilio Romano, de Mendoza, huyó a Chile el pasado mes de agosto, donde solicitó asilo político, después de ser suspendido para abrir una investigación por su "mal desempeño" durante la dictadura. Romano, cuya situación formal en Chile no esta aún aclarada, fue objeto de una denuncia por vejaciones, torturas y robos a detenidos puestos a su disposición por la policía en febrero de 1976. El juez omitió "de forma reiterada y prolongada en el tiempo" la investigación de delitos de lesa humanidad de los que habría tenido conocimiento en su condición de juez. Los militares y policías no solían entregar a sus detenidos a los jueces, pero en algunos casos, como, al parecer, en este, confiaron en jueces que no tenían inconveniente en tomar como válidas declaraciones arrancadas bajo tortura o incluso amenazar a los detenidos con nuevos maltratos para que firmaran esas confesiones.

El regreso de Romano a Argentina, para que haga frente a la investigación previa a la que tiene derecho como magistrado, está siendo negociado por vía diplomática con las autoridades de Chile, que no le han concedido asilo formalmente, pero que tampoco han hecho nada para expulsarle. Las relaciones con Chile atraviesan una fase complicada porque Santiago reclama, a su vez, la extradición de un ciudadano chileno, antiguo guerrillero, que está afincado en Argentina desde hace años.

Uno de los casos más conocidos fue el del exjuez federal Víctor Hermes Brusa, que cuando era secretario judicial presenció sesiones de tortura, tomó declaraciones en centros clandestinos de detención y obligó a los detenidos (luego desaparecidos) a firmar testimonios falsos. Brusa fue condenado, en diciembre de 2009, por el Tribunal Federal de Santa Fe, a 21 años de prisión.

Condenas similares han recibido también algunos médicos, como Hilarión de la Pas, que prestó sus "servicios" en un centro de detención ilegal o el capellán Christian von Wernich, condenado a cadena perpetua, por participar en 7 homicidios, 42 secuestros y 31 casos de tortura demostrados.

En el caso del procesamiento del exmagistrado Vera Candioti, existen indicios de que el juez entregó a una niña en adopción manipulando sus papeles de filiación. La niña, Paula, es hija de desaparecidos (su madre murió de un disparo en la cabeza días después del allanamiento de su domicilio y su padre fue detenido y desaparecido) y fue capturada junto con otros dos menores que fueron devueltos posteriormente a sus abuelos naturales. En su caso, su documentación fue alterada y su identidad suprimida para ser entregada a una pareja, que la adoptó de buena fe sin saber lo ocurrido. La niña no fue entregada en el juzgado de menores, lo que era obligado, sino en la casa particular de una asistente social.

El exjuez continuará en libertad hasta que se lleve a cabo el juicio oral. En la actualidad están en trámite 11 procesos diferentes, incluidos los que afectan a los tristemente famosos centros clandestinos de detención ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), Vesubio, Olimpo o Automotores Orleti; los relacionados con casos ocurridos en Chaco, Resistencia, Santa Fe y Córdoba y el que afecta al Tercer Cuerpo del Ejército. Con fecha de inicio ya fijada figuran otros seis juicios, que afectan al Primer Cuerpo del Ejército, y a hechos ocurridos en Mar del Plata, Mendoza y Rosario.