Kirchner renueva la justicia

El presidente argentino, Néstor Kirchner (peronista), anunció desde el primer día de su mandato el propósito de encarar una profunda reforma del poder judicial, especialmente de la Corte Suprema. Un año después, el órgano más desprestigiado de la judicatura está en plena transformación. El nuevo proceso de selección de los integrantes del más alto tribunal ha permitido la entrada de juristas íntegros, en sustitución de jueces de vieja data cuestionados por mal desempeño. De momento, la pugna entre la renovación y el inmovilismo mantiene a la Corte paralizada en gran parte de sus funciones.

Los jueces de la Corte Suprema fueron una de las bestias negras en la grave crisis que estalló en diciembre de 2001 tras la congelación de los depósitos bancarios conocida como corralito. Las manifestaciones de repudio frente al Palacio de Justicia (sede del alto tribunal) y ante las viviendas de los jueces supremos duraron meses. "Mientras exista uno solo de los miembros de esta Corte en funciones, vamos a seguir en la calle vigilando para que se vayan, y si no se van, vigilando para que los diputados cumplan con su palabra y echen a los nueve miembros de la Corte", decía en febrero de 2002 un miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas.

El proceso ha permitido la entrada de juristas íntegros, en sustitución de jueces cuestionados

La élite del poder judicial, formada por nueve jueces vitalicios con sueldos millonarios, exentos del pago de impuestos y con jubilaciones de privilegio, acabó siendo la más odiada. Nada tiene de extraño que con estos antecedentes, la reforma de la Corte Suprema sea considerada por muchos la medida más interesante que ha tomado Kirchner desde el punto de vista de la calidad institucional. "Es la primera vez en América Latina que un presidente de la República autolimita sus facultades por decreto. Como símbolo de un cambio en el ejercicio del poder es sumamente interesante", opina el constitucionalista Daniel Sabsay.

La Constitución otorga al presidente el poder de designar a los miembros de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado. Sin más. Con el nuevo decreto firmado por Kirchner, el nombramiento de los jueces supremos está precedido de "un proceso participativo y al mismo tiempo de gran acceso a la información", en el que desde particulares hasta ONG y entidades profesionales pueden presentar impugnaciones a los candidatos.

El Senado, la Cámara que tiene que dar luz verde a la designación, también ha autolimitado su poder, ya que en la nueva situación se abre un proceso de audiencia pública y de coloquio desconocido hasta ahora, que da mayor transparencia y mucha visibilidad al candidato. Según Sabsay, el nuevo sistema mejora la calidad de la institución: "No es casual que las tres figuras presentadas por el Gobierno sean de primerísimo nivel. Eugenio Raúl Zaffaroni es uno de los mejores penalistas de América Latina, y Elena Highton de Nolasco, miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones, y Carmen Argibay, integrante de la Corte Penal Internacional, son figuras referentes del Derecho".

El Congreso inició el año pasado procesos de juicio político por mal desempeño contra integrantes de la llamada "mayoría automática" adicta al presidente, que funcionó como un reloj suizo durante la década de Carlos Menem. Dos de aquellos jueces dimitieron antes de enfrentar el juicio político -el ex presidente de la Corte Suprema Julio Nazareno y Guillermo López, fallecido-, Eduardo Moliné O'Connor fue destituido y Adolfo Vázquez tiene un juicio en curso en el Congreso. Todos ellos han desaparecido de la escena por mal desempeño e irregularidades.

Los nuevos integrantes del alto tribunal tienen un perfil opuesto al de sus antecesores. Pese a que no faltaron las impugnaciones, pasaron sin problemas el examen ante la Comisión de Acuerdo del Senado. La juez Highton superó una campaña de sectores conservadores y religiosos que trataron de descalificarla por un ensayo de 1993 a favor de la despenalización del aborto. Por primera vez en democracia, una mujer se incorpora al Supremo. La única juez que ocupó un sillónfue Margarita Argúas, designada por el Gobierno militar de Roberto Levingston, en 1970. El mes próximo el Senado tratará el nombramiento de Argibay, cuyo compromiso con el Tribunal de La Haya llega a su fin. No le faltan detractores a esta reconocida juez, que se declara de izquierda y atea. La organización Pro Vida pone reparos a su condición de soltera y sin hijos, lo que no la hace representativa de la mujer argentina, según ha declarado el presidente de la agrupación integrista, Roberto Castellano.

Uno de los mayores problemas para el buen funcionamiento de la Corte es el ingente número de causas que ingresan y que deberían resolverse en otras instancias. En lo que va de año han entrado 25.000, explica un funcionario ligado a la institución. En la audiencia ante la Comisión del Senado, Elena Highton dijo que la Corte dicta un fallo cada 18 minutos. Ningún tribunal constitucional del mundo soporta esta carga de trabajo. El Supremo de EE UU, en el que se inspira el modelo argentino, no llega a los 200 casos por año. A diferencia del caso español, la Corte argentina asume las funciones del Constitucional. Al haber quedado desarticulada la mayoría automática que hacía y deshacía a su gusto, ahora se da la paradoja de que la Corte no ha conseguido los votos necesarios para dirimir asuntos tan relevantes como los recursos de inconstitucionalidad del corralito y de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que sellaron la impunidad para los militares de la dictadura.

Los problemas del poder judicial en Argentina no se ciñen al Supremo. En los últimos años han aumentado las medidas disciplinarias a jueces por mal desempeño y por delitos de corrupción. Desde la instalación, a finales de 1998, del Consejo de la Magistratura como órgano acusador, una decena de magistrados han sido procesados. El último de ellos ha sido el juez federal Roberto Marquevich, destituido la semana pasada. El fallo adverso para Marquevich es la culminación de un proceso que ha tenido gran repercusión mediática y que se inició con la detención de la propietaria del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, acusada de falsificar los documentos de adopción de sus hijos Marcela y Felipe. La organización Abuelas de Plaza de Mayo presentó una querella contra Herrera de Noble ante la sospecha de que los jóvenes son hijos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

En opinión del constitucionalista Daniel Sabsay, este juicio ha puesto de relieve la vulnerabilidad del Consejo de la Magistratura para ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. "De los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, nueve ostentan cargos políticos, y no sólo eso, tiene ocho legisladores y un representante del Ejecutivo".