El Gobierno de El Salvador decreta el estado de Sitio
Durante treinta días estará vigente el estado de sitio decretado en la tarde del miércoles por el Gobierno de El Salvador. La medida, cuya aplicación se había venido dilatando en las últimas semanas, es consecuencia directa del asesinato del ministro de Educación salvadoreño, Carlos Herrera Rebollo, ocurrido el mismo miércoles por la mañana. Fuentes diplomáticas interpretan que la proclamación del estado de sitio responde a un propósito del Gobierno de terminar como sea con la situación de quebranto del orden público que vive el país.
Al conocerse la noticia de la muerte del ministro de Educación, reivindicada por las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), el presidente de El Salvador convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que elaboró el texto del decreto de suspensión de garantías que sería aprobado más tarde por la Asamblea Legislativa. Cuarenta y cinco de los 48 diputados presentes en la sesión dieron su voto afirmativo al proyecto del Gobierno.La primera ocasión para comprobar de qué manera afectará a la vida salvadoreña el estado de excepción, será el entierro de los catorce jóvenes muertos por la Policía Nacional en las inmediaciones de la ocupada embajada de Venezuela, cuando un grupo de manifestantes del Bloque Popular Revolucionarlo (BPR) trataban de hacer llegar alimentos y agua a lo compañeros recluidos en la sede diplomática. El sepelio estaba previsto para las diez de la mañana de ayer, y existían serios temores de que las autoridades impidieran la concentración prevista frente a la catedral metropolitana. Una de las garantías constitucionales suspendidas es la relacionada con el derecho de reunión y asociación. Las otras afectan a la libertad de expresión, a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia y a la libertad de movimientos.
Los dirigentes del Bloque Popular Revolucionario mantenían su propósito de convertir el sepelio de los compañeros muertos en una multitudinaria manifestación de repulsa hacia el Gobierno del general Carlos Humberto Romero.
"Foro nacional"
Todas estas circunstancias son las menos favorables para la iniciación del «foro nacional», convocado por el presidente Romero con el objeto de estudiar la crítica situación que vive el país y de hallar soluciones viables al conflicto. El Gobierno hizo en los últimos días un llamamiento a diversas fuerzas políticas y sociales del país para que participaran en dicho diálogo. La respuesta ha sido muy escasa. Aparte de los sectores más ligados a las posiciones oficiales, pocos grupos representativos han respondido a la convocatoria presidencial. El Partido Demócrata Cristiano (al que perteneció el asesinado ministro de Educación) anunció su no participación en el «foro nacional» por la «ausencia de objetivos claros en dicho foro y por el clima de represión que vive el país». La universidad nacional también se pronunció en el mismo sentido, así como otras fuerzas políticas legalizadas.
Por supuesto, el Bloque Popular Revolucionario y otras agrupaciones izquierdistas quedaron excluidos, desde el principio, del previsto diálogo. Para muchos supone una tremenda contradicción el hecho de que se trate de resolver el problema con ausencia de una de las partes implicadas en él, en este caso el BPR.
En medios diplomáticos se comenta que una de las mayores preocupaciones del Gobierno de El Salvador es el clima de progresiva antipatía internacional que está produciendo el manejo, calificado por muchos de torpe, de la presente crisis. La presencia de numerosos periodistas extranjeros en el país contribuye a divulgar en el exterior la imágen de un Gobierno represor, ligado a las poderosas y minoritarias oligarquías locales, en contraste con la del numeroso grupo de jóvenes, fanatizados e idealistas, que se agrupa en torno al BPR.
