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Reportaje:

Matanzas sin piedad

Un estudio denuncia los elevados índices de asesinatos de jóvenes y niños de barrios pobres en Honduras

Honduras, entre las naciones más pobres de Latinoamérica, es también una de las tres más violentas y peligrosas, unos atributos por los que compite con El Salvador y Guatemala: los tres países registran tasas de homicidios de entre 40 y 55 por cada 100.000 habitantes.

Un ejemplo de lo que ocurre en Honduras está contenido en las investigaciones que realiza el grupo humanitario y defensor de los derechos de la niñez y la juventud Casa Alianza, que habla de 80 asesinatos entre mayo y junio del presente año, con víctimas menores de 23 años de edad.

El horror no se detiene en la fría estadística. La sección hondureña de Casa Alianza sostiene que, del total de los 80 asesinados, 21 eran menores de 18 años de edad.

La institución también incluye entre sus números la suma de 3.674 menores de 23 años de edad ejecutados arbitraria y sumariamente entre 1998 y en lo que va de 2007, es decir, un promedio de aproximadamente 367 asesinados anualmente, que, como dice el experto español en temas de género y violencia Enrique Gomáriz revela cifras sólo comparables a las de las "guerras civiles".

Ubaldo Herrera, director de Programas de Casa Alianza, aseguró a EL PAÍS que "la mayoría de los asesinatos son cometidos por desconocidos, lo que deja en el imaginario colectivo que se podría tratar de grupos llamados de limpieza social o de personas que se toman la justicia por su propia cuenta".

Cuando Casa Alianza comenzó las investigaciones y el registro de homicidios, en su mayoría se trataba de niños y niñas que vivían en las calles, especialmente de las principales ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

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"Hoy, lo que estamos viendo es que estos grupos de exterminio se están especializando en sus delitos: secuestran a los jóvenes en sus barrios pobres, los introducen en sus vehículos polarizados y luego los cadáveres aparecen en lugares descampados o solitarios", explica Herrera.

El experto menciona también que cuando aparecen los cadáveres, por lo general, tienen las mismas características: señales de torturas previas a la muerte, pies y manos amarradas y un tiro de gracia en la frente o en la nuca. "Ello nos indica que los asesinos no son principiantes y que asesinan sin piedad, que se dedican de manera sistemática a estas matanzas", asegura el directivo de Casa Alianza.

Hace algunos años, la mayor parte de los asesinados eran jóvenes que pertenecían o eran sospechosos de pertenecer a pandillas o maras y que podían ser fácilmente identificados por los tatuajes que llevaban en sus cuerpos. Sin embargo, tanto en El Salvador como en Honduras, donde la presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y la M-18 es fuerte y numerosa, los asesinatos se han vuelto indiscriminados.

La semana pasada, en un barrio pobre de la periferia de San Salvador, fueron acribillados a balazos dos jóvenes que con sus bicicletas se dedicaban a vender pan a domicilio.

Las investigaciones preliminares indicaron que habían sido acribillados por personas desconocidas desde un vehículo en marcha.

El mes pasado, en Tegucigalpa, tres jóvenes menores de 20 años fueron secuestrados de sus barrios, Campo Cielo y Ulloa; sus cadáveres aparecieron más tarde con un balazo certero en la cabeza.

Tanto en el caso salvadoreño como en el hondureño, las víctimas no eran pandilleros, pero vivían en barrios pobres.

Honduras está siendo observada en la actualidad por una comisión de Naciones Unidas que investiga las ejecuciones arbitrarias y sumarias; la Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenó al Estado hondureño por la matanza contra niños y jóvenes de ambos sexos.

El Gobierno se esfuerza por erradicar esta lacra, dice Herrera, quien concluye: "Prevalece una impunidad grande. No tenemos cifras exactas del sistema de justicia, pero apenas unas 40 sentencias condenatorias se han dictado en los 10 años que llevamos denunciando los más de 3.000 asesinatos. El fenómeno ha desbordado la capacidad del Estado para poder controlar estos crímenes; las unidades de investigación no tienen capacidad técnica, científica ni humana para detener y juzgar a los criminales".

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