México y El Salvador se comprometen a combatir los ataques a inmigrantes

Felipe Calderón es de derechas. Mauricio Funes, de izquierdas. Calderón es el presidente de un país, México, que casi llega ya a los 108 millones de habitantes. Funes gobierna El Salvador, la nación más pequeña de Centroamérica, con apenas seis millones. Su punto de unión no tiene mucho que celebrar. La delincuencia organizada, que campa a sus anchas en sus respectivos países, tiene entre su amplio catálogo de crímenes el de secuestrar, torturar y matar a los miles de indefensos inmigrantes centroamericanos que no tienen más remedio que cruzar México para llegar a Estados Unidos. Calderón y Funes se juramentaron ayer para combatir juntos esa vergüenza.

El encuentro fue en la residencia oficial de Los Pinos. Y, de fondo, en el ánimo de todos, una fotografía. La de los 72 inmigrantes asesinados -13 de ellos salvadoreños- hace dos semanas en Tamaulipas por, según todos los indicios, sicarios del cartel de Los Zetas.

Las maras salvadoreñas han parado el transporte público tres días

Una fotografía cuyo valor es el de impedir que ningún mandatario siga haciéndose el sordo o el ciego ante la magnitud del problema. Calderón y Funes comparecieron juntos ante los medios de comunicación para dejar claro que no habrá tregua y que afrontarán juntos la lucha contra los secuestradores de inmigrantes. El presidente mexicano, en alusión a la masacre de Tamaulipas, dijo: "México se ha sentido consternado y se compromete a hallar a todos los culpables". Por su parte, Mauricio Funes llamó la atención sobre la necesidad de aplicar una nueva estrategia. "La matanza de Tamaulipas tiene que marcar un antes y un después en la agenda internacional cuando se aborden los temas de la inmigración y del crimen organizado". Y añadió: "El mundo no debe dejar solo a México y Centroamérica en esta batalla que libramos. México y Centroamérica es el campo de una batalla mundial. Son fenómenos que nos amenazan, pero que amenazan a todo el mundo".

Funes giró una visita relámpago a México. Su país no vive precisamente momentos de calma. Hasta ayer, El Salvador vivió 72 horas de paralización del transporte público y el comercio ante la amenaza de las maras de atentar contra todo el que no acatara su boicot al Gobierno. La Mara 18 y la Mara Salvatrucha pretendían así obligar al presidente Funes a no sancionar una nueva ley -aprobada la semana pasada por el Congreso- que penaliza muy duramente a las pandillas ilegales que causan estragos en el país.

La presión, que incluyó la quema de algunos autobuses y disturbios en las cárceles, no tuvo éxito por cuanto el presidente Mauricio Funes sancionó la ley tal como tenía previsto y lanzó después un mensaje muy nítido: "El Gobierno de El Salvador no va a negociar con las pandillas. No hay nada que negociar con los criminales. Hemos sacado 5.000 policías y 2.000 soldados más a la calle. Y nos hemos reunido con los responsables de los medios de comunicación para decirles: a los delincuentes ya solo les queda recurrir a ustedes. Les pido que no les faciliten sus micrófonos. No les hagan el favor".