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México declara "inconstitucional" la expulsión del Ejército de militares portadores del VIH

El Supremo estima cuatro de los 11 amparos interpuestos por militares

Después de cinco sesiones, la Corte Suprema de Justicia de México ha declarado inconstitucional la baja forzosa de militares portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) del Ejército mexicano. El máximo tribunal de Justicia de ese país ha resuelto por ocho votos a favor y tres en contra cuatro de los once amparos y ha establecido que fue discriminatoria la baja de soldados y marines que calificaba de “inútiles” para defender al país a las personas portadoras del virus. El fallo deja claro que son personas y que como tales tienen derechos.

En una entrevista, uno de los militares que no quiso revelar su identidad, ha señalado que sin su consentimiento los médicos militares le realizaron las pruebas correspondientes para detectar el virus. José -nombre ficticio ya que la víctima no quiso publicar su identidad-, ha relatado cómo le informaron de que le realizarían unos exámenes especiales pero que en ningún momento le dijeron que eran exámenes especiales para detectar el virus del sida. Aún así, José firmó la autorización para una biopsia aunque ha dejado claro que nunca le dijeron que le realizarían ese tipo de pruebas.

El calvario continuó después cuando antes de comunicarle a la noticia, los militares se lo notificaron a su familia. Su esposa fue la primera en recibir el duro golpe: su marido, su compañero de vida, estaba infectado. Su vida quedó destrozada. Los magistrados han fallado hoy contra el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) que señala que “el portador del VIH causa baja en el ejército por inutilidad”.

Readmisión inmediata

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ha aclarado que “el ejército y la marina mexicana sí podrán dar de baja a portadores de VIH, pero sólo cuando exista un dictamen médico que establezca que ya están físicamente inutilizados para el servicio activo”. El Supremo ha ordenado la readmisión en el servicio activo de los soldados que fueron separados de sus cargos, aunque varios de ellos siguen en activo ya que el procedimiento de baja fue suspendido por los jueces nada más conocer los amparos interpuestos.

Durante todo el tiempo que ha durado el proceso (dos años) uno de los demandantes falleció. En el debate, dos de los once magistrados, Genaro Góngora Pimentel y Salvador Aguirre, han sostenido que sí es constitucional la baja de militares portadores del VIH, mientras que Mariano Azuela, decano jurista, ha manifestado que no había pruebas suficientes para saber si los portadores del VIH están incapacitados físicamente para desempeñar las tareas propias del Ejército.

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