México, el infierno de los emigrantes

La primera parte del informe sobrecoge. La segunda pone los pelos de punta. Porque las primeras páginas de la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México demuestran que, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, casi 10.000 emigrantes centroamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos fueron secuestrados y tratados con extrema crueldad a su paso por territorio mexicano. Pero en las últimas 23 páginas son las propias víctimas las que relatan el calvario que sufrieron a manos de sus captores. Una joven salvadoreña: "A mí, mientras llegaba el rescate, me violaron. Pero mi amiga no tenía familiares que pagaran por su libertad. Así que le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose durante tres horas enfrente de mí... Para intimidarme".

Las víctimas son hombres y mujeres jóvenes que parten cada día de Honduras, de El Salvador, de Guatemala o de Nicaragua para buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Pero también son ancianos y niños que emprenden el camino en solitario para reencontrarse con sus hijos o con sus padres. Ellos también hicieron un día esa misma ruta y tal vez encontraron un trabajo, pero no pueden volver a por sus seres queridos por falta de papeles y recursos. Niños y ancianos que viajan escondidos en vagones de tren, en el doble fondo de camiones controlados por las mafias. Se mueven de noche y por caminos de extravío, huyendo de las autoridades. Nada más cruzar la frontera y adentrarse en México, se convierten en las víctimas perfectas.

El informe, realizado a lo largo de seis meses por 30 agentes de la comisión supervisados por el profesor Mauricio Farah, contiene un sinfín de datos a cual más alarmante. El número de personas secuestradas fue de 9.758. Muchas de ellas fueron capturadas en grupos, bajadas de los vagones de tren y confinadas en casas de seguridad o en naves industriales. El rescate que se les exigía fluctuaba entre 1.100 y 3.600 euros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos calcula que la industria del secuestro obtuvo en ese corto espacio de tiempo más de 18 millones de euros. Para ello, no dudaron en utilizar una violencia extrema que incluye la tortura, la violación y el asesinato. Nueve de cada 10 víctimas recibieron amenazas de muerte dirigidas a ellas o a sus familiares. El 67% de los secuestrados era de Honduras, el 18% de El Salvador, el 13% de Guatemala y el resto de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú. Los investigadores supieron de 157 mujeres que fueron secuestradas, cuatro de ellas embarazadas. Dos fueron asesinadas por sus captores. Otras fueron violadas y una de ellas fue obligada a permanecer junto a sus agresores y a desempeñar el papel de "mujer" del cabecilla de la banda.

De la lectura del informe, y de una conversación posterior con el profesor Farah, se deduce que está realizado de forma concienzuda. Que a pesar de la ausencia de datos -los indocumentados no denuncian por miedo a ser devueltos a su país-, las cifras de los abusos han sido contrastadas para evitar duplicidad o exageración. También se llega a la conclusión de que los criminales actúan en demasiadas ocasiones con la complicidad de las autoridades: "Con frecuencia, los migrantes son víctimas de bandas organizadas y en muchas ocasiones de autoridades federales, locales y municipales, especialmente de las encargadas de la seguridad pública, las que golpean brutalmente, humillan y extorsionan con amenazas de privarlos de la vida, de la libertad o deportarlos a sus países de origen". Aunque los secuestros son más frecuentes en la frontera sur de México, los datos también demuestran que los indocumentados no están seguros en ningún lugar de su travesía por México. "A veces", explica el profesor Mauricio Farah, "las mafias se los roban a los polleros [traficantes que les ayudan a cruzar la frontera a cambio de dinero] para extorsionarlos".

Y es en este momento cuando el lector del informe se acerca a las últimas páginas. Y allí se encuentra la historia de una emigrante hondureña: "Me pegaron en la cabeza, en la cadera, en los brazos con una tabla que llamaban 'el recuerdo'. Cuando llamaban a mi familia para pedirle dinero, me ponían un taladro en la mano para que ellos escucharan. Luego me violaron". Y la de un menor de edad, también de Honduras: "Durante el secuestro sólo me daban de comer una vez al día, tortillas duras y un pedazo de pollo viejo. Mataron a un salvadoreño que estaba con nosotros. No denuncié el secuestro porque junto a los secuestradores, que bebían cerveza y consumían cocaína todo el día, también había policías de uniforme. A un compañero y a mí nos obligaron a que violásemos a una mujer secuestrada en su presencia...".

Este periódico intentó ayer sin éxito que la presidencia de la República o algún departamento del Gobierno de México diera su versión sobre las graves denuncias realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.