México niega la repatriación de una francesa condenada por tres secuestros

Si hay un delito sobre el que la opinión pública de México no admite ninguna broma, ese es el secuestro. Hace menos de un año, este país acostumbrado a sufrir en silencio multitud de calamidades, se puso en pie para protestar por el asesinato, tras 53 días de cautiverio, de Fernando Martí, un muchacho de 14 años, hijo de un conocido empresario que ya había pagado el rescate. Por eso, cuando el pasado mes de marzo, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, llegó a México y pidió la repatriación de una ciudadana francesa condenada por un triple secuestro, se armó un gran revuelo. El presidente Felipe Calderón prometió estudiar el asunto, e incluso permitió que se creara una comisión bilateral de juristas, pero ahora su respuesta definitiva ha sido un no rotundo: "Florence Cassez pagará su condena de 60 años de prisión en México".

Florence Cassez, de 34 años de edad, fue detenida el 5 de diciembre de 2005 junto a su pareja sentimental, un mexicano llamado Israel Vallarta, en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera entre la ciudad de México y Cuernavaca. La policía liberó a tres personas que permanecían allí retenidas, entre ellas un menor de edad, y se incautó de armas y munición de uso exclusivo del Ejército. Durante el juicio, algunas de las víctimas identificaron a la ciudadana francesa como la persona que les inyectó un anestésico, las torturó e incluso amenazó con cortarles una oreja o un dedo. La juez no tuvo ninguna duda a la hora de considerarla miembro activo de la banda Los Zodiaco y la condenó a 96 años de cárcel, si bien, en segunda instancia, un tribunal rebajó la pena a la actual y definitiva de 60 años de reclusión.

Así estaban las cosas cuando, en marzo pasado, el presidente francés llegó a México en visita oficial. Lo que estaba llamado a ser un catálogo de saludos y discursos protocolarios, se enrareció desde el primer día por el interés de Sarkozy de repatriar a Florence Cassez y el malestar que el caso provocaba en el Ejecutivo mexicano. Para que la sangre diplomática no llegara al río, se acordó constituir la citada comisión bilateral de juristas, que seguía con sus trabajos cuando el presidente Calderón, de forma sorpresiva, convocó a los medios de comunicación y anunció: "El Gobierno de la República ha llegado a la determinación de que no existen condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de la ciudadana Florence Cassez a Francia, su país de origen".

Acompañado por la canciller Patricia Espinosa, el presidente añadió: "Nadie en México, independientemente de su condición social, económica o de su nacionalidad, puede sustraerse al cumplimiento de la ley. La ley es igual para todos y quien la viola tiene que pagar las consecuencias, independientemente de su credo, preferencia política o condición social, económica o nacionalidad". El Gobierno mexicano temía que, una vez en Francia, el sistema de justicia francés decidiera, en uso de sus atribuciones, modificar la sentencia a la baja para que la secuestradora no permaneciese más de 30 años en prisión. En su alocución, Calderón también se refirió a este temor: "Esto abría la posibilidad de que Florence Cassez no pagara su condena de acuerdo con la sentencia que las autoridades judiciales mexicanas determinaron o que la pagara en un plazo significativamente menor".

Desde la cárcel mexicana donde cumple condena, Florence Cassez habló este martes de la decisión del Gobierno de México: "Para mí, es la muerte". Su abogado, Frank Berton, convocó a los medios de comunicación en Lille, y desde ahí se comunicó con el reclusorio mexicano. La secuestradora dijo: "Él [en referencia al presidente Calderón] ha anunciado claramente una pena de muerte. Sesenta años en México, para mí, es la muerte". Por su parte, el Gobierno francés, por medio de su portavoz, Luc Chatel, insistió este martes en que utilizará "todos los medios" para lograr la repatriación de Cassez.