Milán empieza a aplicar penas más elevadas a 'sin papeles' delincuentes

Milán se convirtió ayer en la primera ciudad italiana que aplica el apartado 11 bis del artículo 61 del Código Penal aprobado la semana pasada por el Gobierno de Silvio Berlusconi. La disposición prevé agravar las penas en un tercio "cuando el delito sea cometido por un sujeto que se encuentre ilegalmente en suelo italiano". Cuatro sin papeles serán juzgados hoy por la vía rápida agravada, después de que el fiscal les comunicara el jueves la acusación y la agravante. La medida forma parte del controvertido paquete de seguridad lanzado por el Gobierno italiano hace una semana.

Un chileno de 18 años, acusado de daños y resistencia; un marroquí de 27 años, detenido por tráfico de cocaína y heroína; y un ucraniano de 32 años y un moldavo de 25, procesados por el hurto de seis televisores y 30 pares de zapatos, serán juzgados por el método directísimo y podrán ver su pena agravada por el hecho de no tener permiso de residencia en el momento en que delinquieron.

Milán ha sido también pionera en aplicar otra de las novedades del llamado decreto Maroni, la que da más poderes a las policías locales para controlar a los sin papeles. Según han denunciado varios ciudadanos, la policía local ha empezado a realizar redadas en trenes y autobuses, en lo que algunos llaman "caza preventiva de 'sin papeles".

El vice alcalde Ricardo de Corato ha rechazado el término, ha recordado que los controles en el transporte urbano se realizan hace tiempo y ha explicado que la alcaldía quiere "intensificar los controles para prevenir hurtos, vandalismo y agresiones".

Los pasajeros cuentan que la policía mete a los extranjeros en coches celulares y autobuses con rejas. Según Francesco Marsico, subdirector de Caritas Italia, "el control de documentos es legítimo", pero esta vez se trata de otra cosa: "Se están anticipando las nuevas normas, parece como si estuvieran haciendo pruebas". Marisco se refiere a la introducción del delito de inmigración ilegal, que deberá ser aprobado en el Parlamento en los próximos días. De Corato hizo saber que los controles continuarán con "cadencia regular" y reveló que en tres días la policía municipal ha arrestado "a 33 sin papeles, de los cuales dos tenían ya orden de expulsión". Arci, una organización social, ha dicho que la amenaza "aumentará la sensación de persecución que están viviendo los extranjeros".

La alcaldesa, Letizia Moratti, ha recordado que es la hora de la firmeza. "Tenemos la obligación de dar seguridad a los ciudadanos con medidas de orden público, y muchos ciudadanos nos han demostrado que aprecian la intervención de los municipales".

La Iglesia, por su parte, sigue mostrándose como la voz más crítica contra la política migratoria del Gobierno, que ayer, a pesar de lo prometido por el ministro Maroni, no aprobó finalmente en el Consejo de Ministros la concesión de poderes especiales a los prefectos de Milán, Roma y Nápoles para afrontar la llamada "emergencia gitana".

La marcha atrás debió satisfacer al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Angelo Bagnasco, quien recordó al Gobierno que la decisión de alargar hasta los 18 meses el tiempo de retención de los sin papeles debe ser tomada con todo rigor: "Que lo que debe ser temporal no se alargue demasiado, y sobre todo que no se convierta en permanente", dijo Bagnasco.

El presidente de la CEI animó al Parlamento a actuar salvando "el doble principio de la seguridad y la acogida que caracteriza la historia de nuestro pueblo". Bagnasco extendió esa consideración a la comunidad gitana.

Por otra parte, Berlusconi viajó otra vez a Nápoles para impulsar las labores dirigidas a reordenar el sistema de recogida de la basura. "El Estado no retrocederá", afirmó.