Miles de indígenas secundan con una marcha la ley agraria de Morales

Miles de indígenas y campesinos bolivianos culminaron ayer una marcha a la capital, La Paz, desde diferentes regiones y rodearon el edificio del Parlamento para exigir que se apruebe la anunciada ley agraria, que prevé la confiscación de tierras que el Gobierno considere “ociosas”. La protesta indígena se produce en unos momentos en que el presidente, Evo Morales, se enfrenta a la amenaza de una huelga convocada por seis gobernadores y por los comités cívicos de nueve departamentos rebeldes a su política.

La huelga también está respaldada por los parlamentarios de la oposición, que exigen que las modificaciones a la ley sean aprobadas por los dos tercios de las votaciones, como prevé la actual legislación. El presidente Morales pidió al Senado que trabajase en los cambios que se han incorporado a la ley agraria, pendientes desde el 16 de noviembre; si no lo hace, el Gobierno los aprobará mediante un decreto ley. Los indígenas, auspiciados por instancias gubernamentales, llegaron ayer a la plaza de San Francisco de La Paz desde el altiplano y desde Santa Cruz y Beni, tras largas caminatas, de hasta 29 días.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, sugirió el domingo a los líderes aymaras y quechuas que pidieran “públicamente a nuestro presidente que saque un decreto para cumplir la reversión [confiscación] y la concesión comunitaria de tierras”, a fin de que los manifestantes “no se vayan [de La Paz] con las manos vacías”.Los indígenas reclamaban la aprobación inmediata del decreto de confiscación de tierras improductivas en manos de latifundistas.

Por su parte, Morales, que llegó a la plaza capitalina directamente tras descender del avión en el que viajó desde Holanda, anunció ayer que reunirá al Consejo de Ministros de urgencia para aprobar el decreto si los senadores desoyen su petición.

A su vez, los senadores de la oposición, que tienen la mayoría en la Cámara, quieren asegurarse los dos tercios del voto en la Asamblea Constituyente para aprobar la nueva Carta Magna, después de que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobase la mayoría absoluta apoyado en sus 137 escaños, de los 255 de la Asamblea Constituyente. Según el MAS, así se garantiza el cambio que propone el Gobierno de Morales, pero contraviene la ley de convocatoria a la Asamblea, que exige los dos tercios del voto.

Las protestas contra las acciones del MAS en la Constituyente, que se reúne en la sureña ciudad de Sucre, se van a traducir en una huelga de 24 horas el próximo viernes, y desde el lunes en un ayuno voluntario, a pesar de la dura campaña mediática que está desarrollando el Gobierno para desbaratarla e identificarla con el poder de los terratenientes.

Los dirigentes de los comités cívicos de nueve departamentos, seis gobernadores y los parlamentarios de la oposición emplazaron al Gobierno a acatar la ley de convocatoria a la Asamblea y aceptar los dos tercios, al tiempo que anunciaban las medidas de presión. El documento de los comités cívicos da un plazo de 72 horas al Gobierno y advierte que, de no conseguir sus objetivos, radicalizarán “las medidas de resistencia civil: se declara paro cívico nacional de 24 horas el viernes 1 de diciembre y movilizaciones en todo el país y, a partir del lunes 4, declarar huelga de hambre de todo el movimiento cívico”.

Los gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni, Cochabamba y La Paz ?este último ausente de la reunión, pero comprometido a apoyar a sus colegas? decidieron llevar a cabo estas y otras acciones “hasta que el Gobierno y su representación política en la Asamblea Constituyente respeten la Ley Especial de Convocatoria y reconsideren su postura, aceptando que el texto de la nueva Constitución Política del Estado sea aprobado por dos tercios de votos de los asambleístas y no por la mayoría absoluta de un solo partido político”. Los senadores y diputados de los tres partidos de la oposición ?Poder Democrático y Social, Unidad Nacional y el Movimiento Nacionalista Revolucionario? expresaron en una declaración oficial que, si el Gobierno y el MAS no acatan las leyes vigentes sobre los dos tercios del voto, no modificarán su actitud. “Ratificamos la determinación de los senadores de no asistir a las sesiones; denunciar ante la comunidad internacional el atropello que se pretende consumar al aprobar una CPE que excluye a la mitad de los bolivianos y el cerco al Congreso Nacional propiciado por el Gobierno al primer poder del Estado, y nos reservamos el derecho a tomar las medidas legales pertinentes”, aseguran en la declaración.