Muere en una huelga de hambre un venezolano expropiado
Franklin Brito ha muerto y su esposa y sus hijos, 12 horas después, no saben cómo. La única certeza que tienen es que este productor agropecuario de 49 años falleció el lunes por la noche, encerrado en el hospital militar de Caracas, tras mantener una huelga de hambre de casi seis meses para que el Gobierno de Hugo Chávez le devolviera las tierras que le expropió en 2003.
Brito no probaba alimento alguno desde el pasado 1 de marzo, cuando decidió emprender su octava huelga de hambre en seis años para recuperar una finca de 299 hectáreas. En diciembre, mientras protestaba ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue llevado a la fuerza al hospital militar de Caracas, después de que la Defensoría del Pueblo alegara que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales.
Al huelguista no se le permitía recibir tratamiento de un médico de su confianza, a pesar de que en enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor en las que instaba al Gobierno de Venezuela a permitir "el acceso, tratamiento y monitoreo de la situación de Franklin Brito por un médico de su confianza y/u ofrecido por la Cruz Roja Internacional". Desde el 20 de agosto, Brito permanecía en estado de coma inducido.
Autopsia
Ángela Brito, la mayor de sus cuatro hijos, esperaba que al menos ayer se les permitiera que un médico de la familia asistiera a la autopsia. "No confiamos en el Hospital Militar porque allí se le torturó (...). Mi papá murió pidiendo al presidente Chávez justicia", dice Ángela. A pocas horas de la muerte de Brito, su familia emitió un comunicado en el que señalaba: "Franklin vive en la lucha del pueblo venezolano por el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, por la vida en libertad y el respeto a los derechos humanos, colectivos e individuales".
En opinión del Gobierno venezolano, la protesta de Brito ha sido manipulada por la oposición para perjudicar a la revolución. En junio, tras reunirse con representantes de Naciones Unidas y de la OEA para tratar este caso, el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, dijo que la oposición pretendía "inducir" la muerte del huelguista "para presentarla como un hecho de violación de los derechos humanos". Hasta la tarde de ayer, el Gobierno no se pronunció sobre su fallecimiento.
