Muerte anunciada en Mazatlán

En el módulo 21 de la cárcel de la localidad mexicana de Mazatlán no hay ventanas. Es un búnker. Para mayor aislamiento, los accesos tenían rejas especiales. Por eso mismo, 18 reos que creían amenazada su integridad aceptaron hacinarse ahí. Como precaución extra, 14 de ellos habían solicitado ser enviados a un penal de máxima seguridad. No sabían que al guarecerse juntos terminarían facilitando el trabajo a sus ejecutores. Antes de que llegara la orden de un traslado ya aprobado, en el amanecer del lunes pasado, una treintena de reclusos irrumpió y dio muerte a 17 de los 18, dejando armas de gran calibre y un reguero de cuestionamientos sobre el sistema penal de México. "Era una muerte anunciada", dice sin ánimo poético Pedro Cárdenas, director de Prevención y Readaptación Social del Estado de Sinaloa. "Ellos aceptaron ser recluidos ahí, en penumbras, por su seguridad. En esa cárcel tenemos cupo para 1.817 presos, y sólo hay 1.650. Así que los pusimos ahí con su consentimiento, en un acuerdo tácito que buscaba darles seguridad".

Con un mazo, otros internos lograron reventar las puertas, y las cámaras de vídeo antes de que grabaran la matanza, que perpetraron con un rifle tipo AK 47, una ametralladora tipo Uzi y pistolas de calibre 9 milímetros y 38 súper. Luego, los internos recorrieron otros módulos y, con armas blancas, se cobraron otras 11 vidas.

La gobernación sinaloense reprocha al Gobierno federal que no cumpliera el traslado. Y la Administración federal responde exigiéndole que diga cómo es posible que dentro de un penal haya armas como esas. "Ambas partes tienen razón, pero es un diálogo brutal que pone en evidencia la debilidad del sistema de justicia mexicano: no es posible que el Estado falle al no poder prevenir el delito, como tampoco garantizar hoy la procuración de la justicia que impida que haya armas en un penal", opina Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman del Distrito Federal y promotor de los derechos humanos.

El sistema penal mexicano es, cuando menos, esquizofrénico. Hay 437 prisiones en el país. Siete de ellas las administra la federación. En estas, desde que asumió la presidencia Felipe Calderón, en diciembre de 2006, no ha habido incidentes: ningún muerto, ninguna fuga. Pero en los penales de los Estados la situación cambia. Esta semana le tocó a Mazatlán, pero la pasada fue Culiacán, en el mismo Estado de Sinaloa, donde hubo seis reos asesinados. El mes pasado se registraron incidentes en Tamaulipas, y el año pasado, la liberación de 53 reos en Cieneguillas, Zacatecas, sólo por mencionar algunos.

Para atender la demanda de los Estados, el Gobierno federal piensa construir 12 penales más antes de 2012. Cuando eso ocurra, por primera vez en la historia de un sistema penal que no ha sido modificado en 45 años, Estados y federación tendrán cada uno los presos que les corresponden. Pero el sistema de justicia tiene que ser modificado porque, además de la peligrosidad, hay otras aberraciones. La especialista Elena Azaola señala que el 90% de las 230.000 personas que componen la población encarcelada está en fase de prisión preventiva, es decir, sin sentencia. "Y menos del 70% de ellos están presos por delitos de baja cuantía", dice Azaola, al advertir cómo las cárceles se convierten en universidades del crimen. "Es que en cuanto nos dicen que se trataba de sicarios o de presuntos integrantes del crimen organizado, la sociedad ya no exige que se investigue; pareciera que ya no nos importa si se les hace justicia o no a esas personas, y eso está muy mal", se lamenta María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana Causa en Común.

Hoy en el penal de Mazatlán hay 30 reos no identificados, que mataron con armas de fuego y cuchillos a 28 de sus compañeros, pero esa fue sólo la nota del lunes. Ayer, martes, en México ya casi nadie hablaba de eso.