Musharraf se blinda en el poder

El general Pervez Musharraf declaró ayer el estado de excepción en Pakistán, procediendo a la suspensión de la Constitución, al cierre de todas las emisoras de radio y televisión independientes, al despliegue de la policía y el Ejército en las calles de la capital, Islamabad, y a la destitución del presidente del Tribunal Supremo, a cuyos magistrados puso bajo arresto domiciliario. La imposición del estado de excepción significa también que los magistrados del país deberán prestar de nuevo juramento antes de reanudar sus funciones.

La ex primera ministra Benazir Bhutto, que regresó recientemente del exilio para dirigir su partido con vistas a las próximas elecciones, se hallaba en Dubai y volvió urgentemente a su casa de Karachi, la capital financiera de Pakistán. Bhutto condenó la decisión del general a la que calificó de "mini ley marcial".

En un discurso a la nación, tras decretar el estado de excepción, Musharraf fundamentó su decisión en que el sistema judicial actúa en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la lucha contra el terrorismo y el extremismo, debilitando al Gobierno y obstaculizando la eficacia de su acción para eliminar estas amenazas. "Temo que si no se actúa a tiempo, la soberanía de Pakistán esté en peligro", afirmó tras subrayar que la crisis que vive el país se debe a "perturbaciones internas". Según el presidente, la gravedad de la situación ha evolucionado rápidamente. "El terrorismo y el extremismo están en todo su apogeo", agregó evocando la última oleada de atentados en los que han muerto 420 personas desde julio pasado.

La decisión de Musharraf tiene todas las características de un intento desesperado de conservar su poder frente a la creciente oposición desarrollada por el Tribunal Supremo, los partidos políticos y los islamistas radicales. El Supremo tenía previsto adoptar una resolución en los próximos días sobre la legalidad de la reelección de Musharraf el mes pasado como presidente de Pakistán.

Poco después de que las televisiones independientes fuesen clausuradas, docenas de policías rodearon el edificio del Tribunal Supremo, a donde acudieron los magistrados para declarar inconstitucional el estado de excepción. Los militares rodearon el edificio, entraron dentro y ordenaron a los jueces firmar una "orden constitucional provisional" de la medida bajo amenaza de que quien no lo hiciera sería destituido.

Al menos ocho de los 11 magistrados que se hallaban en el edificio del Supremo se negaron a firmar, entre ellos el presidente del alto tribunal, Iftijar Mohamed Chaudry, que fue destituido de forma fulminante y sustituido de inmediato por otro magistrado, Abdul Hamid Dogar. Los jueces quedaron bajo arresto domiciliario.

Chaudry fue suspendido también el pasado marzo por el presidente Musharraf acusado de abuso de poder, pero volvió a la presidencia del Supremo el pasado mes de julio después de las grandes manifestaciones de apoyo que se desarrollaron en todo el país y por sentencia de ese tribunal.

Destacados abogados paquistaníes también han sido objeto de represión. El presidente del Colegio de Abogados, Aitzaz Ahsan, que encabezó las protestas contra el general la pasada primavera, fue detenido por la policía, junto con otros letrados, después de decir que los grupos de la oposición anunciarían mañana un programa de huelgas y manifestaciones a escala nacional. Ahsan, antes de su detención, había acusado a Musharraf de "violación criminal de la Constitución". Los analistas políticos consideran que el estado de excepción supone de hecho la ley marcial, porque no hay ninguna provisión constitucional para tal situación.