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Niños sicarios impunes

El asesinato de una abogada embarazada reabre el debate de los beneficios judiciales a menores en Colombia

El asesinato a balazos de una abogada, embarazada de ocho meses, a manos de dos sicarios de 14 y 19 años, el miércoles en Medellín, ha reabierto el debate sobre los beneficios judiciales de los que gozan los menores de edad en Colombia y su utilización por parte de las organizaciones del narcotráfico para realizar sus crímenes. ¿Está cumpliendo el Estado con su responsabilidad de proteger los derechos de niños y jóvenes? ¿Les da la atención requerida cuando estos cometen delitos menores? ¿Se deben corregir estos errores para frenar el aumento de crímenes cometidos por ellos o, al contrario, el camino es endurecer la legislación penal que los cobija, que para muchos es muy laxa?

La polémica no es nueva, pero ha revivido tras el asesinato el miércoles de Julieth Patricia Mejía, de 28 años, embarazada. Los dos sicarios que dispararon a sangre fría, a plena luz del día, tenían 19 y 14 años. El bebé sobrevivió. Los médicos pudieron salvarlo y permanece en una incubadora. Los dos asesinos fueron capturados tras salir tranquilamente del despacho donde acababan de cometer el salvaje crimen. El primero, para evadir la justicia, aseguró tener 16 años; el segundo, 11. Tras las primeras investigaciones, la policía lo desmintió. El mayor, de 19 años, responderá ante la justicia ordinaria; el de 14 años, según la Ley de Infancia implantada hace tres años, irá a una institución especial de reeducación. A esta edad se inicia la responsabilidad penal pero no hay castigo de cárcel.

Según ha trascendido, los dos jóvenes habían pasado por programas de atención al menor y a delincuentes, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por droga, robo y lesiones personales. "Esto revela que no se está cumpliendo con lo que la ley establece en relación con la atención a estos jóvenes y con los programas que se necesitan para alejarlos de la posibilidad de seguir delinquiendo", dijo Jesús María Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín.

No es el primero que lo afirma. Según varios estudios, no se ha asignado el presupuesto necesario para que la nueva Ley de Infancia se respete en su totalidad.

En Medellín, en pleno apogeo del narcotráfico, se hicieron tristemente famosos los sicarios de apenas 13 y 15 años, que por sumas irrisorias de dinero apretaban el gatillo. Un joven de apenas 14 años asesinó al candidato presidencial de izquierda Bernardo Jaramillo en los años noventa. Este año han matado por dinero cuatro muchachos de 17 años, uno de 16 y otro de 15. Uno de ellos entró como si nada en un hospital y remató a un paciente que había llegado herido.

En Cali, la tercera ciudad colombiana más importante, en 2008, en uno de cada cinco homicidios participó un menor de 18 años. Este año, en Bogotá, 19 jóvenes han sido detenidos por crímenes.

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Elvira Forero, directora del ICBF aseguró que detrás de un 17% de los delitos que se comenten en el país hay un menor de edad. Para ella deben endurecerse las penas para castigar a los adultos que están detrás de estos pequeños delincuentes.

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