El fiscal pide 18 penas de muerte en el macrojuicio por terrorismo en Guinea
El consejo de guerra sumarísimo por supuesto terrorismo en Guinea Ecuatorial ha quedado visto para sentencia. El fiscal, con voz firme y la sala puesta en pie, leyó sus conclusiones finales: 18 penas de muerte, 42 de 30 años, 14 de 10 años y 19 de seis años. Para los cuatro españoles de origen guineano -Juan de Dios Ripeu, Alejandro Choni, José Luis Aran y Francisco Biachó- no hay petición alguna de pena; quedarán en libertad cuando se dicte sentencia del juicio por los sangrientos acontecimientos ocurridos en enero en la isla de Bioco, donde cinco personas murieron en ataques de grupos armados.
Otros 18, que no están ni siquiera en el sumario, permanecen en el limbo jurídico. No existen para la fiscalía, pero siguen encarcelados. Los abogados mostraron su sorpresa por la dureza y el número de penas solicitadas. «Ahora veremos si estamos ante un juicio con base legal o uno político», dijo el abogado Juan Oló.A Oló ya le han llegado los primeros recados de un sector de las fuerzas de seguridad: cuando termine este proceso vamos a por ti. Esta aparente impunidad de algunas personas quedó ayer patente en las conclusiones de los abogados. Pidieron un nuevo proceso sumarísimo contra las personas involucradas en las muertes extrajudiciales en dependencias policiales o carcelarias de al menos seis personas. También solicitaron la restitución de los bienes de los presos.
La petición de las 18 penas de muerte cayó como una daga en el patio del herrumbroso cine Marfil. De los dos retretes de la izquierda surgía un nauseabundo olor tras cinco días de juicio oral. El silencio hería. Las peticiones de las 42 penas de 30 años fue acogida con murmullos de desprobación. No hubo aplausos. Ni uno. La tensión se reflejaba en los rostros de los defensores. Y en los cinco miembros del tribunal militar. «Ahora, nosotros vamos a tratar de discernir los hechos y dar una sentencia equilibrada», dijo a El PAÍS el coronel Satiago Mouma, presidente del consejo de guerra. Mouma convocó a todos para el lunes. A las diez de la mañana. Pero no se descarta que necesiten más tiempo para alcanzar una sentencia final. Tras las peticiones del fiscal, Mouma dio la palabra a los presos que quisieran hablar. El primero en subir al estrado fue Martín Puye, con su barba blanca y sus ojos orgullosos. Se enfrenta a una petición de pena de muerte por traición y terrorismo. Es uno de los jefes del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB). «La ley está en la mano de quienes la ejercen», dijo con voz firme. «Si tengo que morir, moriré. Otros han muerto antes de mí. Me convertiré en la herramienta de los que vengan detrás. Hoy hablan de Puye, pero mañana hablarán de otros».
Puye no fue el único que pidió que, de ser fusilado, entreguen el cadáver a su familia para poder ser enterrado junto a los suyos. Fueron instantes de emoción. No para todos. Los señalados por los presos como responsables de torturas sonreían.
Ahora, le toca al tribunal decidir. Muchos de los que hablaron al final se creían ya condenados. No sabían distinguir entre la petición del fiscal y la condena. A las cinco de la tarde, un runrún de curiosos se arracimaba en la calle para ver salir a los procesados, todos de la etnia bubi. «Ahora, todos confiamos en la astucia del presidente Teodoro Obiang», decía Celestino Obiang, abogado de los cuatro españoles. En sus manos quedan las posibles medidas de gracia. El día cinco es la oportunidad: su 57º cumpleaños.
