La ONU advierte a Colombia que las ejecuciones extrajudiciales pueden ser delitos de lesa humanidad
La alta comisionada para los Derechos Humanos denuncia que existen indicios que demuestran que esta práctica es "sistemática" en el país
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que ha concluido este sábado su visita de ocho días a Colombia, ha emitido un informe en el que denuncia que existen indicios que demuestran la "práctica sistemática" de ejecuciones extrajudiciales en este país latinoamericano por parte de las fuerzas de seguridad. "Estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales, parece ser que esta práctica es sistemática", afirma.
Según Pillay, estas muertes podrían ser delitos de lesa humanidad y, por tanto, perseguibles por el Tribunal Penal Internacional (TPI). La funcionaria aclara, sin embargo, que estos casos sólo pueden ser procesados en el TPI cuando la justicia local no actúa para esclarecer los delitos y castigar a los responsables.
En este sentido, Pillay destaca como hecho positivo la voluntad que tiene el Gobierno del presidente Álvaro Uribe de aclarar los hechos de las ejecuciones extrajudiciales. El mandatario, que se reunió con la representante de la ONU durante su visita al país, ordenó esta semana la destitución de 27 oficiales y suboficiales del Ejército implicados en la desaparición y muerte de un grupo de jóvenes en el sur de Bogotá.
En su informe, la comisionada hace también referencia a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que exige la liberación inmediata de los rehenes que están en su poder, algunos con más de seis años de cautiverio a sus espaldas, y advierte de que "la toma de rehenes, en la que las personas son mantenidas en las condiciones más infrahumanas (...), puede ser considerada un crimen de lesa humanidad".
Uribe arremete contra Human Rights Watch y Amnistía Internacional
Mientras la representante de la ONU denunciaba las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, el presidente del país, Álvaro Uribe, arremetía contra Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) y en especial contra su presidente, José Miguel Vivanco, por las últimas críticas de estas organizaciones a la actuación de las fuerzas de seguridad colombianas. "Ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos ni de convicciones cristianas ni de convicciones democráticas", declaró el mandatario, para luego insistir en que su Administración, "en lugar de tapar los problemas, los ha enfrentado y los ha revelado".
Además, Uribe quiso señalar que mientras a nivel internacional todo el mundo se preocupa por los derechos humanos de "muchos delincuentes disfrazados de sindicalistas", nadie piensa en los policías y militares que son mutilados en sus extremidades por cuenta de acciones terroristas.
