La ONU alerta sobre la "violencia política" en Bolivia

La confrontación vivida el año pasado en Bolivia dejó un extenso reguero de "preocupantes episodios de violencia política", según un informe presentado ayer por el Alto Comisionado de la ONU en el país. El clima de violencia, que llegó al borde de la guerra civil por los enfrentamientos entre la oposición autonomista y el gobierno de Evo Morales, desembocó en ocasiones en violaciones de los derechos humanos, según el organismo. La ONU ensalza, sin embargo, los avances sociales logrados por el ejecutivo en la mejora de la situación de los indígenas.

El Alto Comisionado de derechos humanos, el canadiense Denis Racicot, ha criticado con dureza la masacre ocurrida el 11 de septiembre del año pasado en el departamento norteño de Pando, una de las provincias de la llamada media luna opositora, junto con Santa Cruz, Tarija y Beni. Se trata, según Racicot, de "la más grave violación de los derechos humanos ocurrida en 2008". Ese día murieron 11 personas y otras 50 resultaron heridas, en su mayoría campesinos afines al gobierno. El informe atribuye la responsabilidad del suceso a funcionarios de la Prefectura de Pando, miembros del opositor Comité Cívico y funcionarios del Sedcam (Servicio de Caminos), que supuestamente repelieron a balazos una caravana.

La espiral de enfrentamientos desatada por el proyecto de Morales de "refundar" el país mediante la redacción de una nueva Constitución, aprobada en enero de este año, no excluyó a los partidarios del presidente. La violencia también ha sido ejercida por numerosos grupos afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). Según el informe "uno de ellos fue presuntamente responsable de agresiones verbales y físicas a periodistas, policías y al Defensor del Pueblo".

La aprobación al ejecutivo llega de la mano de los programas desarrollados "para combatir el racismo, la discriminación y la servidumbre", que son, en opinión del Alto Comisionado, "tres de los principales flagelos" que afectan a los indígenas, más del 80% del total de los 9,7 millones de bolivianos. El Gobierno de Evo Morales ha conseguido avances importantes en la alfabetización de la población, la lucha contra la desnutrición o la permanencia de los niños en las escuelas.

La independencia judicial y la libertad de prensa, en jaque

La independencia del poder judicial está en peligro en Bolivia, según la ONU, por la situación de "polarización política" que vive el país. El organismo alerta contra la impunidad reinante, que constituye "una importante preocupación". Además, el funcionamiento de la Justicia se ve lastrado por "la prolongada falta de designación de autoridades judiciales".

La libertad de prensa y el derecho a la información no salen tampoco bien parados en el informe, que acusa al ejecutivo de Evo Morales de no hacer lo suficiente para evitar hechos como el asesinato de un locutor de radio o el alto número de atropellos y amenazas sufridas por periodistas y medios de comunicación.