El Congreso de EE UU sigue adelante en su objetivo para callar totalmente a Wikileaks en el país y en el resto del mundo. Después de que el senador independiente Joe Lieberman, jefe del Comité de Seguridad Nacional de esa cámara legislativa, obligara el miércoles a la empresa Amazon a que expulsara a la página web de revelación de secretos de sus servidores, numerosos representantes y congresistas han exigido hoy al Gobierno que prohíba que se pueda visitar la web Wikileaks.org desde direcciones norteamericanas y que elimine esa dirección permanentemente de todo el directorio de Internet.

Esta propuesta ya fue llevada a la justicia norteamericana en 2008, sin éxito: aunque un juez ilegalizó Wikileaks.org, sólo lo hizo brevemente, y la página web volvió a estar operativa en cuestión de días.

La representante republicana Candice Miller, de Michigan, ha dicho:"Julian Assange y Wikileaks son criminales cuyas acciones son de gran ayuda para los terroristas y para los regímenes criminales de todo el mundo. Ya es hora de que el Gobierno cierre WikiLeaks".

Lieberman ha añadido, en un comunicado: "Hago un llamamiento a que cualquier empresa u organización del mundo que dé alojamiento web a Wikileaks a que dé por terminada su relación con esa página. Con sus acciones ilegales, escandalosas y temerarias, Wikileaks ha puesto en peligro la seguridad nacional de EE UU y la del mundo".

La ex Gobernadora de Alaska Sarah Palin, reina sin corona del movimiento radical Tea Party, ha llamado al Gobierno a que responda con un ciberataque del Pentágono contra la página que gestiona Julian Assange y la cierre para siempre. Esos representantes políticos están pidiendo al Ejecutivo que culmine lo que la Justicia se ha resistido a hacer: el cierre total y permanente de Wikileaks.

Primera enmienda

Durante años ha habido un debate en EE UU sobre si a Wikileaks, que lleva años publicando documentos clasificados, le ampara la libertad de expresión, protegida por la primera enmienda de la constitución. El 15 de febrero de 2008, un juez de San Francisco estimó que no, aunque sólo fueron dos semanas. El banco Julius Baer, de Suiza y con sede en las islas Caimán, había demandado a Wikileaks por publicar una lista de clientes suyos con cuentas opacas. Acudió a la justicia de EE UU porque la dirección Wikileaks.org estaba registrada por y tenía sus servicios DNS (sistema de nombre de dominio) a cargo de una empresa norteamericana: Dynadot, de San Mateo, California.

Dynadot se dedica a registrar dominios a nombre de otros, para garantizar el anonimato de los dueños de páginas web que prefieran no revelar su identidad. El juez emitió una orden de cierre cautelar al estimar que el caso podía prosperar. Durante 14 días, Wikileaks.org quedó inhabilitado, aunque los documentos seguían al alcance de cualquier internauta a través de la dirección Wikileaks.be, radicada en Bélgica, y a través de su dirección IP directa, http://88.80.13.160/.

Cientos de activistas se comprometieron a mantener la información viva en la Red a pesar de la prohibición judicial. Una amalgama de organizaciones civiles y medios de comunicación, como la Electronic Frontier Foundation, Associated Press y la Asociación de Diarios de América, solicitaron al juez que levantara la prohibición, por considerar que atentaba contra la libertad de información.

Finalmente el juez autorizó de nuevo el funcionamiento de la página web, el 29 de febrero. Días después, el banco Julius Baer retiró la demanda dada la mala publicidad que había obtenido el caso en los medios y la amplia circulación que eso había dado a la lista de nombres de clientes que en principio había querido mantener en secreto. En aquella ocasión, los juzgados no pudieron contra Wikileaks. Es cierto que el caso no era crítico para la seguridad nacional del país y que el Gobierno no se inmiscuyó. En el caso de los 250.000 cables del Departamento de Estado, el fiscal general Eric Holder ya ha anunciado una investigación exhaustiva al respecto y estudia si perseguir al director y fundador de la web de filtraciones, Julian Assange, bajo la Ley de Espionaje de 1917.