Obstáculos legales para combatir el fenómeno

La reacción de la comunidad internacional a la escalada de actos de piratería frente a las costas de Somalia se enfrenta, antes que a los piratas, a una notable serie de dificultades de facto y de derecho. Por un lado se yergue el obstáculo que representa Somalia en sí, por sus características de Estado fallido y con el que la colaboración judicial y policial es ineficaz, si no imposible. Por el otro, las limitaciones establecidas por el derecho internacional, que disciplina estrictamente las operaciones contra los piratas.

Los expertos coinciden en que el caos en las aguas es un reflejo de la desastrosa situación que aflige a Somalia, un país en el que el Estado no logra ejercer su autoridad y que constituye un refugio seguro para los piratas. "Por eso las iniciativas de la comunidad internacional son totalmente insuficientes", comenta Daniela Kroslak, analista del International Crisis Group. "El envío de flotas militares podrá proteger algunos barcos, pero no ataca la raíz del problema: las desastrosas condiciones que alimentan la piratería".

En cuanto al marco internacional, la ONU ha tratado en los últimos meses de facilitar la labor con varias resoluciones del Consejo de Seguridad. La 1.816, de junio, autoriza a los barcos extranjeros a perseguir piratas en aguas somalíes, lo que es una excepción al derecho marítimo internacional; la 1.838, de octubre, insta a los países con barcos o aviones en la zona a utilizar los "medios necesarios para reprimir los actos de piratería".

Aun así, según la 1.838, la represión debe ejercerse en "conformidad con el derecho internacional". Éste atribuye a los barcos de guerra el derecho de apresar buques piratas y permite enjuiciar a los presos en los tribunales del Estado que los captura, pero no autoriza, según señala Julio López, abogado del gabinete Uría Menéndez experto en derecho marítimo, a disparar contra ellos si no es en autodefensa. Menos concebible todavía sería un ataque directo contra los puertos que amparan a los piratas, a no ser que una resolución de la ONU lo autorizara expresamente.

"Lo que se necesita es un esfuerzo político en Somalia", insiste Kroslak. Los expertos temen que el poder disuasorio de la presencia militar resulte limitado, como sugiere Roger Middleton, en un estudio publicado por el think tank Chatham House. Los últimos secuestros, ocurridos tras un aumento de la presión en la zona, parecen confirmar que el sueño de riqueza puede más que el temor a la cárcel.