Opositores bolivianos toman la prefectura de Sucre

Grupos de universitarios y vecinos de la ciudad boliviana de Sucre desalojaron ayer de sus oficinas al gobernador interino designado por el Gobierno de Evo Morales, mientras que grupos de exaltados tomaron las sedes de la televisión y la radio estatales y cortaron las transmisiones, en expresión del rechazo a la gestión gubernamental en esa región del sur de Bolivia.

El Comité Interinstitucional de Chuquisaca, presidido por Jaime Barrón como rector de la Universidad de San Francisco Xavier, había dispuesto en la víspera una vigilia a lo largo de ayer a fin de impedir que el prefecto interino, Ariel Iriarte, ocupase su despacho, como hizo por primera vez el lunes después de que el edificio permaneciera cerrado durante una semana por disposición del comité.

Iriarte y los funcionarios de la prefectura acudieron a sus lugares de trabajo con normalidad, pero en menos de dos horas tuvieron que abandonarlos por exigencia de los grupos de universitarios que rechazan su mandato provisional.

El anterior prefecto, David Sánchez, elegido en las urnas, decidió pedir asilo político en Perú por la presunta persecución de sus correligionarios del partido oficialista —el Movimiento Al Socialismo, MAS—, debido a su identificación con las demandas de la plena capitalidad de Sucre. Desde entonces, los chuquisaqueños han solicitado al Gobierno que convoque elecciones cuanto antes, para acortar el mandato de Iriarte, cuya conclusión estaba prevista para el 17 de marzo.

La demora en este proceso llevó al Comité Interinstitucional de Chuquisaca a proclamar en el cabildo del pasado 6 de marzo como gobernadora a la ex asambleísta Sabina Cuéllar, una campesina que renunció a las filas del MAS, dejando a la región con dos cabezas. Sin embargo, el Gobierno rechazó por ilegal ese nombramiento y dispuso elecciones para el próximo 29 de junio.

Iriarte dijo ayer, en declaraciones a la Red Erbol, que los exaltados que ocuparon la prefectura le obligaron a dejar las oficinas bajo amenazas e incluso con golpes. Asimismo, anunció que a partir de ahora atenderá los asuntos del Gobierno regional desde las provincias cercanas a la capital para evitar los enfrentamientos que, en su opinión, busca el Comité.

El Gobierno deploró el ataque a los medios de comunicación estatales, que calificó de grave atentado a la libertad de prensa e información. El viceministro del Interior, Rubén Gamarra, acusó directamente al Comité Interinstitucional de haber dirigido el allanamiento de las oficinas de ambos medios y aseguró que espera un pronunciamiento de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa en defensa de la libertad de prensa en el país.

Morales afronta una difícil coyuntura política, mientras planea la amenaza de crisis sobre el sistema económico debido a la paralización del sistema productivo por falta de inversiones y por la decisión gubernamental de prohibir las exportaciones para garantizar el abastecimiento del mercado interno.