El Parlamento italiano aprueba la ley de inmunidad para Berlusconi y otros altos cargos

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que contempla la inmunidad para los cinco cargos más importantes del Estado y que ha sido calificado por la oposición como una ley hecha a la medida del primer ministro, Silvio Berlusconi, y de sus problemas con la justicia. El proyecto de ley fue aprobado con 309 votos a favor, 236 en contra y 30 abstenciones. Ahora será debatido en el Senado.

Conocido ya como 'lodo Alfano', en referencia a su que su autor es el ministro de Justicia, Angelino Alfano, contempla la suspensión de procesos penales, incluidos aquellos antes de acceder al cargo, contra el Jefe del Estado, el presidente del Gobierno y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Para el caso del Jefe del Estado y para el presidente del Gobierno quedan excluidos los delitos cometidos en el ejercicio de su función.

Berlusconi, reincidente

Así, continuará aplicándose los artículos 90 y 96 de la Constitción, que contemplan que el Jefe del Estado puede ser procesado por alta traición y atentado a la Carta Magna y el presidente del Gobierno por delitos cometidos durante su mandato, previa autorización del Parlamento.

La oposición presentó no obstante una enmienda, que fue aceptada, que establece que la suspensión de los juicios no se aplique en el caso de sucesivas investiduras del Gobierno.

De este proyecto de ley puede beneficiarse Berlusconi, imputado por los jueces de Milán por supuestos casos de corrupción. Su Gobierno aprobó este proyecto de ley el pasado 27 de junio. Días antes, Berlusconi lo justificó diciendo: "no es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios, en vez de trabajar para el país". Esta es la segunda vez que Berlusconi presenta una normativa que la oposición considera que está hecha a su propia medida. En 2004 lo intentó, pero, tras ser aprobada por el Parlamento, el Tribunal Constitucional la anuló al considerarla contraria a la Carta Magna.

Para evitar problemas de anticonstitucionalidad, la nueva norma incluye algunos cambios, como que las víctimas de los procesos contra estos altos cargos puedan continuar sus acciones legales por la vía civil.