Un Parlamento bajo sospecha

La cifra es escalofriante: en Brasil, 32 de sus 81 senadores y 164 de sus 513 diputados están sometidos a procesos judiciales por diferentes motivos. Entre ellos figuran el líder del Gobierno en el Senado, Romero Jucá (del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, principal aliado del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva), y el presidente del Consejo de Ética de esa Cámara, Leomar Quintanilla (también del PMDB). De los 15 miembros que integran dicho consejo, encargado de juzgar la conducta irregular de sus colegas, seis están bajo proceso; es decir, un 40%.

Los delitos a los que responden estos diputados y senadores van desde intento de asesinato a fraude en la Administración pública. Los datos son de Transparencia Brasil, un órgano de control del Gobierno Federal que ha colocado la lista de los que están bajo proceso en la página www.excelencias.org.br.

Además del análisis de los miembros del Congreso nacional, Transparencia Brasil ha comenzado a analizar también los Parlamentos regionales de los Estados. En el de São Paulo, por ejemplo, el mayor del país, 37 de sus 94 diputados —un 39%— figuran como imputados en diferentes procesos.

Mientras tanto, según el diario O Globo, que está publicando una serie de reportajes sobre la impunidad de los políticos en Brasil, en los últimos 10 grandes escándalos que han zarandeado recientemente al país ni una sola persona ha sido juzgada aún ni, por supuesto, condenada. Por el contrario, algunos casos han sido ya sobreseídos.

Según Claudio Weber Abramo, de Transparencia Brasil, las cifras de senadores y diputados bajo proceso judicial es una señal del deterioro progresivo de las prácticas y costumbres políticas en el país. Según Weber, dicho deterioro está tocando fondo, aunque al mismo tiempo resalta el dato positivo de la fuerte reacción de la opinión pública contra los políticos corruptos. Una reacción que, en ocasiones, se desborda —aunque por cauces democráticos— y reclama el cierre del Congreso.

Una de las soluciones que se apuntan para acabar con esa situación de degradación del Congreso, donde personajes perseguidos por la justicia —algunos, incluso, acusados de homicidio— buscan el amparo judicial de la impunidad parlamentaria, es la de una reforma política en la que los ciudadanos puedan sólo votar las listas cerradas que presenten los partidos e impedir así que personajes corruptos movilicen a las mafias para que les ayuden a obtener un escaño.

Precisamente en estos días debería votarse dicho cambio electoral, al que se resisten la mayor parte de los diputados. Prefieren que los ciudadanos puedan votar a quienes decidan, porque saben que muchos de ellos jamás serían elegidos si formaran parte de listas cerradas.