Patrullas ciudadanas y penalización de la inmigración

La nueva ley de seguridad del gobierno Berlusconi que penaliza la inmigración ilegal ha entrado en vigor en Italia. Las primeras detenciones de inmigrantes en situación irregular ya se han producido. La ley no solo criminaliza la inmigración irregular, sino que también prevé fuertes sanciones y penas de cárcel de hasta tres años contra los italianos que, por ejemplo, alquilen viviendas a personas en situación irregular.

Pero el delito de inmigración clandestina no es la única norma cuestionada del paquete de seguridad. La otra es la que instituye las patrullas ciudadanas. A partir de este sábado los alcaldes, de acuerdo con los prefectos (equivalente a los delegados del Gobierno en España), podrán contar con la colaboración de grupos de voluntarios para vigilar la seguridad las calles de sus ciudades.

El reglamento que define las rondas ha sido firmado hoy por el ministro del Interior, Roberto Maroni, quien defendió la iniciativa frente a la resistencia de muchos ediles, sobre todo del centro y sur de Italia. "Hay muchos equívocos. Hemos percibido un fenómeno difuso y por esto lo hemos decidido regular", ha asegurado Maroni.

El ministro se refería a experiencias como la de Verona, donde las patrullas ciudadanas están en vigor desde noviembre. El alcalde es de la Liga Norte, el partido de Maroni y el de muchos regidores que, sobre todo en el norte de Italia, se han declarado a favor de las patrullas. El alcalde de Roma, Gianni Alemanno, en cambio, ha reiterado su perplejidad, apostando por una versión más "social" de los vigilantes de la calle. Quienes han rechazado por completo la iniciativa son las asociaciones policiales, que la han definido de "genérica y ambigua".

Las asociaciones de voluntarios de las rondas no podrán pertenecer a ningún partido político y las patrullas no podrán estar formadas por más de tres personas, que deberán ir sin armas. La edad mínima para integrarlas es de 18 años, aunque al menos uno los vigilantes tendrá que ser mayor de 25. Los voluntarios no podrán tener antecedentes penales y deberán presentar un certificado de aptitud psicológica emitido por un médico de la Seguridad Social.