Protestar en Venezuela será delito

Protestar en las calles de Venezuela es, a partir de ahora, sinónimo de crimen. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, ha anunciado que abrirá procesos contra todos aquellos ciudadanos que "por cualquier motivo marchan" y que, en su opinión, sólo buscan "desestabilizar al Gobierno constitucionalmente electo". "Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el Gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", dijo Ortega, mientras moderaba su programa de radio En sintonía con el Ministerio Público, que transmite todos los viernes una emisora del Estado. Su opinión es que "(estas) conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil", que la ley venezolana castiga con penas de 12 a 24 años de cárcel.

A principios de julio, y también a través de su programa, Luisa Ortega también propuso al Parlamento que aprobara una polémica "ley contra delitos mediáticos" para castigar a los medios de comunicación que difundieran informaciones que "incitaran al odio" o generasen "zozobra" entre la población.

Los primeros "rebeldes", según el criterio de la fiscal, ya están tras las rejas. El prefecto de la ciudad y 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor de Caracas -que gobierna el opositor Antonio Ledezma- fueron detenidos este miércoles por participar en la marcha que se realizó el sábado 22 de agosto contra la recién aprobada Ley Orgánica de Educación, que resta autonomía a las universidades y establece un sistema para fundar "la nueva conciencia" socialista en las escuelas. Todos ellos fueron acusados de "obstrucción de la vía pública", "instigación a delinquir" y lesiones contra policías. Según la fiscal, esta protesta, en la que participaron miles de venezolanos, fue convocada por los partidos y organizaciones civiles de oposición para generar "un clima de violencia" y "crear un escenario parecido al del 11 y 12 de abril de 2002, cuando se produjo el golpe de Estado en Venezuela" que sacó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas.

La declaración de la fiscal no ha sido sino un signo más en la marcada tendencia del Gobierno de Hugo Chávez a la criminalización de la protesta. Desde 2007, al menos 300 estudiantes han sido detenidos por participar en las manifestaciones contra el cierre del canal privado Radio Caracas Televisión y contra la reforma constitucional propuesta por Chávez para establecer su reelección indefinida; desde entonces, 256 de ellos deben presentarse ante un juez de forma periódica y tienen prohibido salir del país.

Tanto el presidente Chávez como la fiscal Díaz han criticado al gremio de los periodistas, que también está en pie de protesta contra las crecientes amenazas contra la libertad de expresión en Venezuela. Hace dos semanas, 12 reporteros fueron agredidos con palos y piedras por un grupo de chavistas cuando repartían volantes en el centro de Caracas contra uno de los artículos de la nueva Ley de Educación, que establece el cierre inmediato de medios de comunicación que difundan contenidos que generen "terror" en los niños.

Chávez justificó la paliza al decir que esa protesta fue una "provocación" contra el pueblo, mientras la fiscal dijo que los comunicadores que participan en este tipo de actos dejan de ser periodistas y se convierten en políticos. Como responsable por esta agresión, sólo fue detenido un trabajador del canal estatal Ávila TV, liberado una semana más tarde.