Hinckley, un negocio para los psiquiatras

El 30 de marzo de 1981, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y tres personás de su séquito eran abatidos a balazos en plena calle. El autor de los disparos era un joven de veinticinco años, hijo de una familia acomodada, antiguo afiliado al partido nazi norteamericano. Ahora, dos años después del atentado, se ve el proceso contra John Hinckley. Y tanto la acusación como la defensa han planteado la estrategia procesal en base al posible desequilibrio mental del acusado. Una estrategia que suma ya cientos de miles de dólares.

El Gobierno de los Estados Unidos y los padres de John Hinckley -el frustrado asesino del presidente Reagan, cuyo juicio comenzó hace casi dos meses- tendrán que pagar facturas de por lo menos 350.000 a 450.000 dólares (entre 35 y 45 millones de pesetas) a los respectivos equipos de psiquiatras y otros expertos que han pasado la mayor parte del último año investigando la mente del acusado.Los honorarios de los peritos que prestan su testimonio ante el tribunal incluyen una factura, al Gobierno, de 115.917 dólares (once millones y medio de pesetas) enviada sólo por uno de los psiquiatras de 33 años de edadrequeridos por el fiscal. La suma de los honorarios de todos los expertos no son, sin embargo, sino una parte del coste total de lo que se ha convertido en el más largo y caro proceso, relacionado con un caso de enfermedad mental, de la historia moderna.

Ese coste total sobrepasa los dos millones de dólares (doscientos millones de pesetas) si se incluyen los honorarios de los abogados de la defensa, calculados, por lo bajo, entre el medio millón y el millón de dólares, y el millón largo que ha gastado el Gobierno para garantizar la seguridad de Hinckley desde que disparó contra el presidente Reagan y otras tres personas el 30 de marzo de 1981. El derroche legal y médico puesto a disposición del acusado, que cuenta ahora veintisiete años, se explica en parte por la riqueza de sus padres, que son millonarios, y en parte por la elección de sus víctimas. El resultado es un dramajudicial de un parecido algo más que pasajero con el argumento de su vida descrito por el propio Hinckley a los psiquiatras: "Una película protagonizada por mí", con Ronald y Nancy Reagan en los papeles secundarios y "un reparto de doctores, abogados y figurantes".

Hasta el momento, catorce médicos han subido al estrado desde que el tribunal federal de distrito de Washington comenzó sus sesiones, hace ocho semanas. Entre ellos se encontraban nueve peritos que pasaron la mayor parte del mes último, entrando en cada detalle de la vida del acusado, participando en sesudos debates sobre la anchura o las circunvoluciones de su cerebro y contradiciéndose unos a otros sobre su capacidad o incapacidad mental en el momento de los disparos.

Tres fiscales federales y cuatro abogados bien cotizados, de la firma Willians y Connolly, de Washington, rivalizan cada día en la sala del juicio con sus argumentos, mociones y objeciones, interrogatorios y contrainterrogatorios, reinterrogatorios y recontrainterrogatorios. Y después están los figurantes, clérigos, periodistas de tribunales, los comisarios federales con sus pistolas y auriculares. Existe incluso una cámara de video en la sala que graba los testimonios para que Hinckley pueda contemplarlos desde su celda cuando no le apetezca comparecer en la sala.

El Gobierno tendrá que pagar una factura de 311.855 dólares por el equipo de tres psiquiatras y un psicólogo que intervinieron la semana pasada, informó un portavoz del departamento de Justicia. Esa cifra incluye los 115.917 dólares que deberá pagar al doctor Park Dietz, un profesor ayudante de Psiquiatría de la Escuela Médica de Harvard que coordin e equipo, escribió la mayor parte de su.informe de 628 páginas y completó cuatro días de testimonio como principal testigo de la acusación para refutar las alegaciones de enfermedad mental esgrimidas por la defensa de Hinckley. Dietz ha testificado que dedicó al Gobierno 120 horas de su tiempo.

La cifra a pagar por el Gobierno no incluye los salarios de empleados federales tales como la doctora Sally Johnson, una psiquiatra de plantilla de una institución correcional federal de Butner (Carolina del Norte), que se entrevistó 57 veces con el acusado.

Aunque los tres fiscales federales son bastante menos caros que los cuatro abogados de la defensa encabezados por Vincent Fuller, la acusación parece haber gastado mucho más que la defensa en la batalla de los psiquiatras. Al parecer, Dietz pasó cientos de horas entrevistando a testigos e investigando cualquier indicio de prueba que tuviera relación con 61 estado mental de Hinckley en el momento de los disparos.

Las minutas

Los abogados de la defensa no han revelado el total de las minutas de los seis expertos que han testificado en apoyo de la tesis de que el acusado no estaba en sus cabales en aquel momento. Calculos aproximados, basados en las facturas normales de este tipo de expertos, indican que la cifra a pagar por los Hinckley se sitúa entre los 50.000 y 100.000 dólares. Dos de los psiquiatras de la defensa han testificado, a preguntas de los fiscales, que habían reducido sus minutas meses antes de que el juicio comenzase el pasado 27 de abril como consecuencia del esfuerzo financiero que estaba haciendo la familia Hinckley.Expertos legales aseguran que Hinckley no habría tenido probablemente un juicio tan pródigo sí su padres no fueran ricos o le, hubiesen desheredado. Sin embargo, el hecho de haber disparado contra el. Presidente ya le aseguraba un juicio federal, donde la complejidad de los casos es la norma. La naturaleza del caso le aseguraba también el tipo de publicidad que, en ocasiones, mueve a prominentes abogados privados a ofrecer voluntariamente sus servicios, como ha ocurrido en otros juicios por asesinato.

Pero si Hinckley hubiese sido indigente, el Gobierno habría tenído que correr con el costo de una defensa sofisticada. Los acusados que son juzgados por crímenes federales y se confiesan no culpables por razones de enfermedad mental tienen derecho, para su defensa, a ser examinados por expertos psiquiatras con cargo a los gastos del Gobierno, de acuerdo con la Criminal Justice Act.