La Constitución de Andorra seguirá limitando los derechos del 70% de la población
Unas 40.000 personas, el 70% de los habitantes de Andorra, contemplan con indiferencia el proceso constituyente iniciado en el Principado. Son los trabajadores residentes; aquellos a quienes el anteproyecto de Constitución sigue limitando sus derechos. Podrán constituir sindicatos, pero no controlar sus ejecutivas, que deben quedar en manos de los andorranos. Éstos son los únicos que podrán afiliarse a partidos políticos. Y, por si fuera poco, hasta políticos que se proclaman progresistas parecen haber renunciado a su pretensión de dar la nacionalidad a quienes lleven 30 años de residencia en este microestado.
"Una ley establecerá las condiciones para la adquisición de la nacionalidad andorrana de tal forma que garantice la progresiva integración de los residentes extranjeros, aunque salvaguardando la identidad nacional". Así reza el artículo 70 del borrador de Constitución, sometido a una reserva por parte del copríncipe episcopal, el obispo de La Seu, Joan Martí Alanis, el único de los dos jefes de Estado del Principado -el otro es el presidente de la República Francesa- que ha batallado por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. No en vano, de los 40.000 residentes, el 60% son españoles, frente al 12% de portugueses o el 8% de franceses.Aunque en letra impresa, el artículo 70 apuesta por la integración, la salvaguarda de la identidad nacional a la que se condiciona puede convertirse en el pretexto idóneo para bloquear la asimilación. De hecho, hasta la mayoría parlamentaria que se autoproclama progresista, y que encabeza el síndic (jefe de Gobierno), Óscar Ribas, ha renunciado, según uno de sus portavoces, a dicha integración.
3% de andorranos en el 2.000
Entre los proyectos de la mayoría sólo figura el conseguir la nacionalidad para aquellos jóvenes nacidos en Andorra después de 1975 y que una ley de la época convirtió en apátridas por tratarse de hijos de extranjeros. Con esta medida, unas 6.000 personas se sumarán a las 11.000 que ya tienen nacionalidad andorrana. Un informe demográfico aventuraba que, con la legislación actual, en el año 2086 sólo el 3% de la población sería andorrana.La única integración a la que de momento podrán aspirar los residentes en la nueva Andorra -nueva en lo constitucional, vieja en la marginación- seguirá siendo exclusivamente la económica. Y es que cumplidos los 20 años de residencia, cualquier extranjero puede crear empresas en propiedad exclusiva, sin verse limitado por el 33% de participación en un negocio fijado para quienes no cuentan con esa antigüedad.
La integración política es otro de los terrenos que se pretende vedar a los residentes extranjeros. El artículo 28 del borrador de Constitución estipula que los afiliados a partidos "habrán de tener, la nacionalidad andorrana", condición ésta sometida a una reserva por parte de los copríncipes.
El artículo 22 de la futura Constitución reconoce el derecho a crear sindicatos, cuyo funcionamiento no está actualmente regulado. El mismo apartado añade que, sin perjuicio de la vinculación de los sindicatos con organismos internacionales, "estas organizaciones deberán ser de ámbito andorrano, disponer de autonomía propia sin dependencias orgánicas extranjeras y funcionar democráticamente". Una exigencia esta última harto singular cuando la pretensión de los gobernantes es que los órganos ejecutivos de los futuros sindicatos cuenten con mayoría de andorranos, aunque éstos sean minoría en el mundo laboral.
