La SIP condena las leyes en contra de la prensa
Sólo Uruguay ha legislado a favor de los medios, dice la organización
La libertad de prensa en América está deteriorándose, según concluyó ayer la 65ª asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebró en Buenos Aires. La SIP, a la que pertenece EL PAÍS, señaló como "claros indicios" de esta situación "la acción coordinada de Gobiernos para controlar el papel de la prensa, el avance desmesurado de la violencia contra los periodistas, la proliferación de mecanismos legislativos y arbitrarias decisiones judiciales" en un "ambiente de debilitamiento de la democracia".
La SIP reconoció que su "mayor desazón y preocupación" proviene del asesinato de 16 periodistas en la primera mitad de 2009, "la cifra más alta de los últimos años, que tiene que ver no sólo con la violencia extrema del crimen organizado, sino como producto del creciente deterioro de la seguridad ciudadana". La mitad de esos crímenes fueron cometidos en México; tres ocurrieron en Honduras; dos en Guatemala y uno en El Salvador. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Robert Rivard, reconoció que el Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, "está en plena guerra con los carteles [de la droga] y el crimen organizado", pero señaló que su Administración "no tiene la fuerza o la voluntad de investigar los casos y traer los responsables a la justicia". La organización también condenó la "suspensión de las garantías constitucionales" en Honduras por el golpe de Estado de junio pasado.
La organización de periódicos americanos, incluidos los de EE UU, volvió a reclamar a Cuba por los 27 periodistas que permanecen encarcelados en la isla, "muchos de ellos con graves problemas de salud". Añadió que este país es "uno de los mayores controladores y censores de Internet" mediante "restricciones y amedrentamiento especial contra la nueva modalidad de blogueros". En concreto se refirió a la paliza y la detención que sufrió el jueves pasado la bloguera Yoani Sánchez.
Venezuela y algunos de sus aliados también recibieron críticas. "Varios Gobiernos están ahora unidos por una ideología exportada desde Venezuela por el presidente Hugo Chávez, quien hasta propuso una ley de delitos mediáticos y ha cerrado 34 emisoras", advirtió la SIP. "Esta tendencia se refleja en legislaciones de diversos países, como la nueva ley de servicios audiovisuales promovida por el Gobierno de Argentina en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes, el proyecto de ley de comunicación del presidente Rafael Correa en Ecuador y sus réplicas como la propuesta de ley de medios en El Salvador".
En una anticumbre de la SIP, el 1º Encuentro Internacional sobre Medios y Democracia en América Latina, que reunió también en Buenos Aires a funcionarios, periodistas y sindicalistas de Venezuela, Colombia, Uruguay, Honduras, Brasil y el país anfitrión, el coordinador de Radiodifusión de Argentina, Luis Lázzaro, rechazó al "coro desaforado de dinosaurios que buscan deslegitimar la ley de la democracia". Esta norma, que obliga a desinvertir a grandes grupos (como Prisa, editora de EL PAÍS) y concede más licencias al Estado y las ONG, fue defendida por el presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, Néstor Busso. En Ecuador, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, negó agresiones hacia la prensa y puso en duda la "calidad moral" de la SIP.
La Sociedad Interamericana de Prensa opinó que las reformas promueven la creación y adquisición de medios por parte del Estado y sectores cercanos al poder. Señaló que los Parlamentos de Panamá, Colombia, Chile y Uruguay están discutiendo leyes de control de contenidos, mientras que Brasil está organizando una conferencia nacional para debatir medidas similares.
Algunos Gobiernos también discriminan a los medios a la hora de repartir la publicidad oficial como "instrumento de coacción o beneficios", según la SIP. Son los casos de Argentina, Aruba y Antillas Holandesas, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Países como El Salvador y Bolivia han paralizado proyectos de ley de acceso a la información pública. Normas similares se aplican de forma deficiente en Chile, Ecuador, Panamá y Puerto Rico, según la SIP. En Venezuela y Cuba directamente no existen.
Pero no todas fueron malas noticias en el encuentro de la prensa americana. La SIP destacó la despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay y también concedió un elogio al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por enviar al Congreso un proyecto de ley para hacer lo mismo en Argentina.
