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Sarkozy anuncia un plan de austeridad para Francia

El presidente quiere ahorrar 7.000 millones en tres años

"Ha llegado el momento de la reforma del Estado". Con esta frase, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció ayer un plan de austeridad con el que pretende ahorrar 7.000 millones de euros en tres años y cuya baza es la reducción del número de funcionarios. Entre 2009 y 2011 la plantilla estatal adelgazará en 105.000 servidores públicos por el sistema de no reemplazar más que uno de cada dos empleados que se jubilen. Los recortes también afectarán a varias políticas sociales, como vivienda pública, prejubilaciones y empleos subvencionados.

Los 'regalos fiscales' del verano no han impulsado el crecimiento

Durante las últimas semanas la oposición ha denunciado que el Gobierno se disponía a apretar el cinturón a los ciudadanos. El Ejecutivo lo negó con igual ardor. Pese a la evidencia, Sarkozy repitió su mensaje: "No son los ahorros los que hacen la reforma, sino la reforma la que permitirá el ahorro. Es la diferencia entre rigor y reforma".

Los regalos fiscales que hizo tras su llegada al poder, el verano pasado, con la intención de poner dinero en circulación para impulsar el círculo virtuoso del crecimiento económico, no sólo no consiguieron su objetivo, sino que se han mostrado poco en sintonía con la recesión que atraviesa la economía mundial. Descartado ese punto de más de crecimiento económico, el peso de la gigantesca deuda pública y del déficit presupuestario hacía irrenunciable una batería de medidas como las 166 anunciadas ayer.

Según Sarkozy, este plan permitirá alcanzar en 2012 "el equilibrio" de las finanzas públicas "sin cuestionar la calidad y la eficacia de nuestras políticas públicas". Un objetivo, el déficit cero, que se sitúa con dos años de retraso sobre la fecha que pedía Bruselas. El presupuesto de este año contempla un déficit del 2,5% del PIB, dos décimas menos que en 2007.

La más polémica de estas medidas de austeridad es probablemente la que afecta al derecho al acceso de una vivienda social. Según el presidente, actualmente el 70% de los franceses tiene derecho a ello, una proporción que se rebajará al 60%.

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Sarkozy calculó que el recorte de funcionarios permitirá reducir los gastos de personal del Estado en 900 millones de euros anuales. Para suavizar esta medida anunció que la mitad de esta cifra se destinará a mejorar los salarios de la función pública, congelados desde hace años.

Unas 30 embajadas desaparecerán para convertirse en puestos de presencia diplomática, una fórmula aún por definir. A partir de ahora, los tres Ejércitos (otra área de despilfarro de dinero público) deberán compartir los servicios administrativos.

Para comprobar el efecto de todas estas medidas, Sarkozy anunció la creación de una auditoría permanente.

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