Sarkozy planta cara a las escuelas de elite francesas

Las Grandes Escuelas francesas, un grupo de más de 200 centros de educación superior paralelas a la universidad, pero bien diferenciadas, vivero de dirigentes políticos, excelentes ingenieros y reputados economistas, pero acusadas con frecuencia de perpetuar un elitismo social endogámico, se encuentran en el ojo del huracán político en Francia. Ahora, la Conferencia de Grandes Écoles (CGE), el órgano que las agrupa y las representa, ha rechazado, mediante un escrito, la intención del presidente Nicolas Sarkozy de que estos centros incluyan siempre un 30% de alumnos becados por el Gobierno por razones económicas.

La ministra de Educación Superior, Valérie Pécresse, considera que de esta manera estos centros exclusivos se abrirían a la sociedad y acogerían en sus aulas a alumnos provenientes de barrios marginales o, simplemente, no muy favorecidos. Los directores de estas escuelas, agrupados en la CGE, rechazan la medida porque aseguran que además de ineficaz, acarrearía una automática bajada del nivel, con lo que todo el mundo saldría perdiendo. "El nivel de los exámenes de acceso deberá seguir siendo el mismo para todos", asegura el escrito de la CGE. A juicio de los directores de estas escuelas, "la democratización de la enseñanza superior es una exigencia de equidad social" y ésta debe hacerse "con ayudas individualizadas a candidatos provenientes de entornos desfavorecidos para ayudarles a superar las pruebas" y así acceder a estos centros, auténtica fábrica de élites francesas.

Por ejemplo: en la exclusiva Escuela Nacional de Administración (ENA) estudiaron, entre muchos otros políticos de primera línea, los ex presidentes Jacques Chirac y Valéry Giscard d'Estaing y la ex candidata presidencial socialista Ségolène Royal. Para acceder a uno de estos centros, que están especializados, sobre todo, en economía, negocios o ingeniería, es necesario pasar dos años en una escuela preparatoria y después superar un examen difícil.

Actualmente, el 14% de los estudiantes franceses de enseñanza superior se encuentran en una gran escuela de estas o en una clase preparatoria para acceder a una. El temor de los directores de estos centros es que el Gobierno de Sarkozy, que por cierto no estudió en la ENA, les imponga una cuota irreductible que, a su juicio, acabará con el principio republicano de igualdad gracias a una "segunda vía", esto es, saltándose el examen.

La ministra de Educación Superior, Valérie Pecrésse, que no habló de "cuotas", ha asegurado este martes en una radio que actualmente, en Francia, no hay "una apertura suficiente a la sociedad de las grandes escuelas". Y añadió, dirigiéndose a los responsables de estos centros: "Que no tengan miedo de cambiar los métodos de acogida de los estudiantes becados".

El rechazo de las grandes escuelas a la propuesta del Gobierno ha sido criticado por el comisario gubernamental para la Igualdad de Oportunidades, Yazid Sabeg: "Los pobres no amenazan la calidad de esos centros. Mantener eso es escandaloso. Además, deben someterse a una política estatal, ya que gozan de financiación pública".

También lo ha criticado en Le Monde Richard Descoings, director del conocido Instituto de Estudios Políticos de París, una gran escuela que desde 2000 emprendió una campaña para acoger, progresivamente, a alumnos provenientes de barrios marginales. "Ya lo dijo el sociólogo François Dubet: Si un alumno pertenece a un medio favorecido, tiene más posibilidades de ser un buen alumno; y cuando uno es buen alumno, tiene más posibilidades de llegar a un centro de calidad". Descoings añadió: "Es una reacción antisocial en toda su amplitud: la inteligencia, la curiosidad intelectual, la capacidad de trabajo... todo eso pertenece a los ricos así que dejar plaza a becados, a las clases populares, significaría bajar el nivel".

El director de la escuela de Negocios Audiencia Nantes, Jean Pierre Helfer, ve las intenciones del Gobierno un tanto demagógicas y asegura que el problema se encuentra en otro sitio: "La enseñanza superior debe ser para una población diversa socialmente, en eso estamos de acuerdo. Pero no en que el Gobierno imponga una cuota ni que cree una vía de acceso paralela porque, así, el examen de ingreso pierde sentido, y la igualdad también".