El Senado de EE UU presenta la primera ley de reforma sanitaria
El proyecto no incluye la opción de seguro público que defiende Obama
La ley para la reforma sanitaria echó ayer a andar en el Senado de Estados Unidos con un proyecto que recoge el principio de la cobertura sanitaria para todos los norteamericanos, aunque no incluye la opción de seguro público que defiende Barack Obama. Es un texto moderado, nacido con buenas posibilidades de ser el definitivo, aunque, de momento, ha decepcionado a la izquierda demócrata sin ganar el apoyo de la oposición republicana.
El proyecto reduce ligeramente el coste total de la reforma propuesto inicialmente por el presidente y garantiza que los 856.000 millones de dólares que deben de gastarse en la próxima década saldrán íntegramente de reducciones en el despilfarro actual (507.000 millones de dólares) y de nuevos impuestos, especialmente a las compañías de seguros (349.000 millones).
El coste del plan es inferior al propuesto por la Casa Blanca
De acuerdo con esta ley, todos los estadounidenses estarán obligados tener a un seguro. Los que no lo hagan podrán ser castigados con multas de más de mil dólares. Aquellos que no puedan costearse una adecuada cobertura, contarán con subvenciones del Estado. Los empresarios no tienen que ofrecer obligatoriamente protección sanitaria a sus empleados, pero las empresas con más de 50 trabajadores tendrán que pagar una tasa por cada uno de ellos que necesite subvención pública para su seguro de salud.
El Estado no ofrecerá su propio sistema de salud. Tan sólo se favorecerá la creación de cooperativas sin ánimo de lucro que ofrezcan seguros privados en condiciones más competitivas que las de las aseguradoras. Las compañías de seguros no podrán, como hacen frecuentemente ahora, rechazar a un cliente por condiciones médicas previas ni expulsarlo por el agravamiento o la prolongación de su enfermedad.
"Éste es un momento único de nuestra historia en el que, finalmente, podemos conseguir el objetivo que hemos perseguido durante tanto tiempo", declaró ayer el autor del proyecto, Max Baucus, presidente del Comité de Finanzas del Senado. "Este comité ha trabajado cuidadosamente para garantizar que esta propuesta es adecuada para los pacientes, para los proveedores de la atención sanitaria y para nuestra economía", añadió. El texto será sometido a la primera prueba sobre sus posibilidades la próxima semana, cuando sea votado dentro del propio comité. Los republicanos que lo integran no han dado aún su apoyo al proyecto, aunque uno de ellos, la senadora Olympia Snowe, ha manifestado que podría hacerlo en los próximos días.
Por su parte, entre los demócratas, uno de los senadores más implicados en esta iniciativa y que con más pasión ha defendido la opción pública, Jay Rockefeller, ha advertido que no respaldará el proyecto en su redacción actual. El jefe del grupo demócrata, el senador Harry Reid, ha anunciado una reunión, mañana, para coordinar la estrategia y tratar de mantener una unidad imprescindible para sacar adelante la ley.
Aunque no recoge por completo las ideas que Obama esbozó en su discurso de la pasada semana ante el Congreso, este proyecto es, de todos los que han circulado, el que más que se aproxima a la voluntad del presidente: cumple el propósito de la universalidad sin agravar el déficit. Contiene, no obstante, suficientes elementos polémicos como para que haya que esperar todavía un duro debate hasta que sea aprobado por los plenos de ambas cámaras, lo que no debería de demorarse más de seis o siete semanas.
Los congresistas en la izquierda del Partido Democrática se resisten a renunciar al seguro público. La Casa Blanca también, aunque el presidente ha aclarado que no hará de ello una condición imprescindible para firmar la ley. Este aspecto quizá no sea decisivo en el Senado, donde son más los demócratas conservadores. Pero podría ser un serio obstáculo en la Cámara de Representantes, donde el grupo de demócratas progresistas es suficiente como para restar al proyecto los votos necesarios para su aprobación.
La sustitución de esa opción pública por un sistema de cooperativas sin afán de lucro podría, en cambio, favorecer el respaldo de algunos republicanos moderados. En todo caso, no serán muchos ni será fácil. El Partido Republicano ha montado una operación de rechazo a la reforma sanitaria sobre una base esencialmente ideológica y como un instrumento esencial en su política de oposición. A eso se suma que los centristas que podrían estar de acuerdo con la mayor parte del proyecto rechazan los nuevos impuestos que éste incluye.
