El Senado chileno ratifica la indemnización por el asesinato en 1976 de Carmelo Soria
El Senado chileno aprobó el miércoles el pago de una indemnización de un millón y medio de dólares a la familia del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.
De esta manera y por 16 votos a favor y 14 en contra, la Cámara Alta ratificó el acuerdo internacional suscrito entre el Gobierno chileno y la ONU en junio de 2003, que estableció ese monto como reparación para la familia del funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La aprobación por parte del Senado se dio finalmente en una tercera votación, después de que el martes se produjera un doble empate y ante el riesgo de que el acuerdo fracasara si se volvía a repetir.
Tras la aprobación, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, calificó el caso como un símbolo y subrayó que, "si bien nadie puede reparar el asesinato de una persona, de un padre, por lo menos se aplicó justicia".
Ante los reparos de algunos de los parlamentarios, que consideran excesivo el monto comparado con la situación de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos, Viera Gallo reconoció "un trato diferente". "Él era funcionario de Naciones Unidas. Es el país donde se producen estos crímenes el que tiene que resolver y no hemos hecho otra cosa que responder a la tradición de inmunidad de que gozan los funcionarios internacionales", señaló el ministro.
Por su parte, el senador socialista Juan Pablo Letelier, hijo del diplomático chileno Orlando Letalier, asesinado por agentes del Gobierno militar en Estados Unidos, aseguró que con este fallo "se logra ver algo de luz" en materia de derechos humanos. "Hoy veo algo de justicia y no sólo la justicia que quería la familia Soria, sino también parte del esfuerzo que Chile tiene que hacer para reencontrarse con el pasado", sentenció el parlamentario.
El compromiso entre el Estado chileno y Naciones Unidas fue respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también instó al Gobierno a abrir el proceso sobre el asesinato del español, archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía. El 22 de marzo de 2005, la Cámara de Diputados chilena aprobó la indemnización para la familia Soria y la iniciativa pasó al Senado.
Carmelo Soria, que residía en Chile desde el final de la Guerra Civil española (1936-1939), fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago. Según consta en el proceso, el asesinato fue cometido por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Durante la dictadura chilena más de 3.000 personas murieron, entre las que figuran 1.197 detenidos desaparecidos.
