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El Supremo de EE UU avala las ejecuciones por inyección letal

El Tribunal ha rechazado el recurso de dos reos del corredor de la muerte que pedían su supresión por causar un sufrimiento innecesario

El Supremo de EE UU estima que la ejecución por inyección letal no es un método cruel que inflija al reo un sufrimiento innecesario. Así lo ha decretado hoy el Tribunal, por 7 votos contra 2, al rechazar un recurso de dos condenados de Kentucky que reclamaban la prohibición de esta forma de ejecución por considerarla inconstitucional.

"Entendemos que los demandantes no han conseguido probar que el riesgo de dolor de una mala administración del protocolo de inyección letal, y la no adopción de métodos alternativos no probados constituye un castigo cruel y excepcional", dice el juez Joh Roberts en el escrito en la decisión del Supremo.

Los dos reos pedían al tribunal que se declarase inconstitucional la administración del cóctel de tres sustancias tóxicas que se han utilizado para la mayoría de las ejecuciones por este método en los últimos 30 años. Según la petición de estos dos condenados, en el corredor de la muerte de Kentucky, el método violaba la Constitución estadounidense, que prohíbe causar al ejecutado un sufrimiento innecesariamente cruel.

Según asociaciones contrarias a la pena de muerte, la mezcla de sustancias que se usan en estas ejecuciones puede condenar a los reos a un sufrimiento insoportable del que, por el efecto de las sustancias, ni siquiera pueden quejarse, si se les administra una dosis demasiado baja de anestésico. Este cóctel comenzó a ser utilizado en 1978 en sustitución de otros métodos considerados más inhumanos, como la silla eléctrica, la cámara de gas, el fusilamiento o el ahorcamiento.

Sin embargo, recientemente ha habido, en Florida y California, casos de ejecuciones mal administradas que han tardado hasta 30 minutos en llevar a los reos a la muerte.

El año pasado fueron ejecutadas 42 personas en EE UU, pero las ejecuciones se suspendieron en septiembre cuando el Supremo decidió aceptar la demanda de los dos condenados de Kentucky. Tras esta decisión, las ejecuciones podrán retomarse.

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