El Supremo concluye que Bush no tenía derecho para crear los tribunales de Guantánamo

La decisión judicial más importante sobre las atribuciones del presidente de EE UU ha supuesto un nuevo varapalo para la Casa Blanca. El Tribunal Supremo, por cinco votos a tres, ha decidido que el presidente de EE UU, George W. Bush, se excedió en sus atribuciones al crear los tribunales militares de la cárcel de Guantánamo. La sentencia zanja el llamado caso Hamdan contra Rusmfeld y resuelve el recurso del supuesto chófer de Bin Laden contra su encarcelamiento en la prisión cubana.

Hamdan, que además ejercía de guardaespaldas del terrorista más buscado del mundo, fue detenido en noviembre de 2001 en Afganistán, durante la primera gran campaña contra el terrorismo de EE UU tras los atentados del 11 de septiembre. Casi dos años después, en julio de 2003, fue acusado de conspiración contra la ciudadanía estadounidense por uno de los tribunales que ahora ha invalidado el Supremo. E interpuso su recurso.

Los jueces han estimado que estos tribunales, instaurados por el presidente Bush, violan la Convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra, pero además también son contrarios a la propia Constitución del país. “Según la Constitución”, afirma el tribunal, “el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero es el Congreso quien tiene el poder de declarar la guerra y de organizar los procesos relativos a los prisioneros”. Y cuando Bush creó que estos tribunales, hace ya más de cuatro años, lo hizo sin la menor intervención de las cámaras legislativas.

Un nuevo esquema para Guantánamo

El Tribunal Supremo fuerza con este fallo al Departamento de Defensa a elaborar un nuevo esquema para los casi 500 detenidos en la base militar estadounidense ubicada en suelo cubano Los primeros prisioneros llegaron a la cárcel enero de 2002. Entonces, el secretario de Defensa de EE UU, Donald Rumsfeld, los calificó de “asesinos entre los más entrenados y feroces del planeta”. Ninguno recibió imputación alguna ni tenía derecho a un abogado.

Los defensores de Hamdan pedían al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre el alcance de los poderes del presidente estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE UU. En concreto, el abogado defensor de Hamdan y profesor de la Universidad de Georgetown, Neal Katyal, pidió al Supremo que pusiera fin a "esta atribución de poderes sin precedentes".

Frente a esta postura, los letrados del Gobierno alegaban que los tribunales federales no debían interferir en las medidas presidenciales para la lucha contra el terrorismo. El Gobierno también alegaba que una resolución del Congreso aprobada tres días después de los atentados y la propia Constitución concedían poderes a Bush para luchar contra el terrorismo sin la supervisión del Poder Judicial o el propio Legislativo.