Suspendido durante tres días un canal crítico con el Gobierno de Correa

La Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador ha suspendido este martes, por un espacio de tres días, las emisiones del canal Teleamazonas, crítico con el Gobierno del presidente Rafael Correa. Teleamazonas estaba sometido a varios procesos por haber presentado noticias basadas en falsos supuestos.

La medida contra el canal ha resultado muy polémica, ya que se produce el mismo día en ha comenzado el debate sobre la nueva Ley de Comunicación, calificada por la oposición a Correa como "mordaza" porque pone en peligro la libertad de expresión. Sin embargo que para el oficialismo la norma es necesaria para regular posibles excesos de los medios de comunicación.

Una fuente de la Superintendencia indicó que la medida ha sido tomada por un caso en el que Teleamazonas informó de supuestos perjuicios a la pesca en la Isla Puná, en el oeste del país, a causa de las acciones de exploración de gas natural a cargo de la empresa petrolera venezolana PDVSA. La infracción considera que la información de Teleamazonas alteró el orden público, ya que los habitantes de Puná se apoderaron momentáneamente de un taladro de dicha empresa protestar contra la supuesta suspensión de las actividades pesqueras.

Los directivos y empleados de Teleamazonas han reaccionado frente a la medida con indignación, aunque han asegurado que acatarán la sanción. "Hemos apagado nuestros transmisores, se han cerrado las transmisiones y no estamos al aire", explicaba el presentador de noticias Miton Pérez.

"Podemos cometer errores, pero lo que pasa aquí es que se pone en peligro la libertad de expresión", señaló Pérez, mientras que el director de noticias del canal, Carlos Jijón, advirtió de que la sanción puede constituirse en un ejemplo de lo que puede ocurrir en el futuro en el país.

Por su parte, Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, indicó en unas breves declaraciones a la emisora Radio Sonorma que la sanción se debe a que el canal no ha tomado en cuenta "las disposiciones dadas" y por reincidencia en las infracciones. "Está claro que la máxima pena que se podría imponer en este caso es de 90 días, pero hemos decidido que sea de tres", añadió Jaramillo.