El TPI pide la detención del presidente de Sudán por la tragedia de Darfur

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, ha solicitado una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bachir, por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con el conflicto de Darfur, que ha causado más de 300.000 muertos. Es el tercer jefe de Estado imputado por el TPI, tras el serbio Slobodan Milosevic, ya fallecido, y el liberiano Charles Taylor, y el primero acusado mientras ejerce su cargo. El Gobierno de Jartum ya ha respondido que no reconoce la imputación de Al Bachir, mientras que la fuerza militar internacional de la ONU y la Unión Africana en Darfur ha suspendido sus actividades.

Según el fiscal Moreno Ocampo, de nacionalidad argentina, las "fuerzas y agentes" controladas por el presidente Al Bachir han asesinado durante los cinco años que dura el conflicto de Darfur al menos a 35.000 civiles. Además, el presidente es responsable de la "muerte lenta" de entre 80.000 y 265.000 personas, refugiados y desplazados que tuvieron que abandonar sus casas por la guerra en la región.

"Bachir cometió, a través de otras personas, genocidio contra los grupos étnicos Fur, Masalit y Zaghawa en Darfur y Sudán usando el aparato del Estado, las fuerzas armadas y la milicia Janjaweed", dice el documento de la fiscalía del TPI, en el que también se acusa a Bachir de crímenes contra la humanidad y de guerra como asesinato, exterminio, tortura, violación y el desplazamiento forzoso de 2,9 millones de personas. El fiscal pide por todo ello una orden de arresto internacional y pide al tribunal que ordene la congelación e intervención de las cuentas de Bachir.

La Unión Africana, sin embargo, ha pedido hoy que se suspenda la petición de arresto de Bachir "por el momento, hasta que resolvamos los problemas principales en Darfur y el sur de Sudán", ha dicho Bernard Membe, el ministro de Exteriores de Tanzania, país que ejerce la presidencia de la UA.

Cascos azules

El Gobierno sudanés, a través de un portavoz, ha rechazado la acusación y dice no reconocer la imputación del presidente. Durante el proceso, Jartum, que no forma parte del TPI, se ha negado a colaborar con la investigación y advierte de que imputar a Bachir puede incendiar de nuevo la región. "Consideramos la acusación del presidente o de cualquier otro ciudadano de Sudán igual, no reconocemos nada que venga del TPI, para nosotros no existe", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ali al Sadig, añadiendo que Sudán continuará con el proceso de paz en Darfur y protegerá a todo el personal de Naciones Unidas en el país.

De hecho, el temor a que la decisión cause un rebrote de la violencia ha empujado a la "suspensión indefinida" de actividades de la misión militar conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), que cuenta con unas 9.000 efectivos e la zona. En un comunicado, la misión militar ha pedido a sus miembros presentes en Darfur que no salgan de sus casas, elevando el nivel de emergencia hasta el 3, uno por debajo del máximo. Mientras, la Liga Árabe ha convocado una eunión de emergencia de sus ministros de Exteriores para este sábado para discutir sobre el asunto.

Asimismo, Naciones Unidas ha anunciado que retirará todo su personal no esencial de Darfur, según informa la cadena británica BBC. El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, dijo previamente que esperaba que Sudán "asegurara la seguridad y bienestar de todo el personal y propiedades de Naciones Unidas".

El conflicto de Darfur se desencadenó en 2003, cuando un grupo rebelde, animista y apoyado por Chad, se levantó contra el Gobierno de Jartum, que reaccionó con una dura represión, llevada a cabo por el ejército y por la milicia musulmana Janjaweed contra los rebeldes. Los combates y los ataques contra los campos de refugiados de la zona se han cobrado ya la vida de más de 200.000 personas y han causado el desplazamiento de otros 2,5 millones.