Todos contra el general Musharraf

Agarrado a su uniforme, el general Pervez Musharraf se resiste a abandonar el mando del poderoso e influyente Ejército paquistaní, temeroso de que con las charreteras se vaya la jefatura del Estado que ganó con un golpe en 1999. Acosado por su acérrimo enemigo, el ex primer ministro Nawaz Sharif -que hoy emprende su vuelta a Pakistán- y fracasado su intento de alcanzar un acuerdo para repartirse el poder con Benazir Bhutto, la autoexiliada líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), los días de Musharraf como presidente parecen contados.

El general, de 64 años, está más sólo que nunca. La mayoría de los 165 millones de habitantes del país está harta del régimen después de no haberse beneficiado del alto crecimiento -por encima del 6%- de estos años, ni de la cuantiosa ayuda de EE UU por la cooperación de Musharraf en la guerra contra el terrorismo. Los partidos políticos ya no resisten sus mordazas y la Justicia ha plantado cara a Musharraf después de que destituyera, en marzo pasado, al presidente del Tribunal Supremo Iftijar Mohamed Chaudry, que los jueces volvieron a colocar en su cargo en julio.

El Supremo, tras los intentos del general de someter a los jueces, se ha vuelto en su contra

El Gobierno se apresuró el viernes pasado a desempolvar viejos casos de corrupción contra Sharif para dejarle claro que si aterriza mañana lunes en Islamabad le detendrá y le deportará. Con ello, sin embargo, no logró calmar el temor a que estalle una revuelta que hunda al país en un baño de sangre en el que finalmente se ahogue el régimen militar.

"Estamos como en una olla a presión a punto de explotar", dijeron fuentes diplomáticas por teléfono desde la capital paquistaní, donde ayer ya se habían concentrado miles de simpatizantes del ex primer ministro a esperar su llegada.

Esta semana Musharraf recurrió a Arabia Saudí y Líbano para impedir la llegada del líder de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N). Ayer mismo, Arabia Saudí, país que acogió a Sharif, y Saad Hariri, líder de la mayoría parlamentaria e hijo del ex primer ministro libanés asesinado que actuó como mediador para que Sharif saliera de la cárcel al exilio, pidieron públicamente a Sharif que no vuelva a Pakistán y cumpla su compromiso de mantenerse exiliado 10 años. Sharif, de 60 años, fue condenado a cadena perpetua en 2000 por desviación de fondos, fraude fiscal y traición.

Fue jefe del Gobierno paquistaní de 1990 a 1993 y de 1996 hasta 1999. Entonces trató de destituir a Musharraf, a quien había colocado al frente del Ejército, pero éste dio un golpe de Estado y acabó con su Gobierno. Ahora, Sharif tiene prisa por echar a Musharraf y afirma que "volverá a Pakistán pase lo que pase".

Fue el Tribunal Supremo el que hace unas semanas le abrió las puertas para volver. El Supremo, tras los intentos de Musharraf por someter a sus jueces, se ha convertido también en acérrimo enemigo del general.

La violencia que azota el país y que ha causado centenares de muertos en los últimos meses y la cercanía de las elecciones, tanto presidenciales como legislativas, han aumentado considerablemente la sensación de inestabilidad y resquebrajado el régimen militar. Tanto Sharif como Bhutto no quieren perder la oportunidad que se les brinda para retomar el poder. Sus partidos siguen siendo los principales de Pakistán.

Las legislativas están previstas a finales de año o principios del próximo, a más tardar. Las presidenciales, en las que sólo votan los diputados de la Asamblea Nacional y de los cuatro parlamentos provinciales, debieran celebrarse en octubre.

Aunque las asambleas actuales supuestamente son mayoritariamente favorables a Musharraf, el presidente se garantizaría la reelección si los diputados del PPP le votasen. De ahí, su interés en alcanzar un acuerdo con la líder de este partito.

Pero, al menos de momento, Benazir Bhutto, de 54 años, parece decidida a contemplar desde la barrera cómo se despedazan sus enemigos para actuar en consecuencia. Autoexiliada para escapar a los cargos de corrupción que pesan sobre ella, la ex primera ministra atendió la llamada de auxilio de Musharraf y a punto estuvo de alcanzar un acuerdo para compartir el poder. "Estamos muy satisfechos de anunciar que el general Musharraf ha tomado la decisión de escuchar al pueblo de Pakistán al aceptar quitarse el uniforme", declaró la ex primera ministra el 30 de agosto pasado.

Sin embargo, no todos los dirigentes del PPP estaban a favor de pactar con Musharraf, sobre todo por el coste en las urnas que podía tener la asociación con el hombre que se ha ganado la animosidad popular por su sumisión a EE UU y su represión de los islamistas radicales, incluidos los atrincherados, en julio pasado, en la Mezquita Roja de Islamabad, cuyo asalto causó un centenar de muertos. De ahí, que, según el Gobierno paquistaní, las exigencias de Bhutto -entre ellas que se archiven sus causas por corrupción- y su insistencia en que el jefe del Ejecutivo pueda aspirar a un tercer mandato, hicieron fracasar el acuerdo.

EE UU, principal valedor de Musharraf, también está soltando amarras y fue el primero interesado, si no el impulsor, del acercamiento a Bhutto. Para apoyar el pacto, el viernes llegó por sorpresa a Islamabad el subsecretario para Asia Central y del Sur del Departamento de Estado de EE UU, Richard Boucher, pero su gestión no tuvo éxito, al menos de momento.

A caballo entre Londres y Dubai, la ex primera ministra (1988-1990 y 1993-1996) cuenta con una buena imagen internacional y supondría un buen lavado de cara de Pakistán, cuyo régimen militar resulta cada día más incómodo para EE UU, mientras que el país es considerado clave para los intereses de Washington en Afganistán y en la lucha contra el terrorismo islámico.

Benazir Bhutto afirmó la semana pasada que el próximo viernes anunciará la fecha de su vuelta a Pakistán. Sin embargo, Farhatulá Babar, su portavoz en Islamabad, señaló por teléfono que Bhutto podría volver el mismo día 14. No se descarta que las presiones de EE UU faciliten una reunión entre la ex primera ministra y el presidente para romper el bloqueo que actualmente atenaza el acuerdo entre ambos. Washington no quiere arriesgarse a que Musharraf declare la ley marcial.

La Constitución de Pakistán (1973), publicada en tiempos de su padre Zulfikar Alí Bhutto -ahorcado en 1979 por el régimen del general Mohamed Zia ul Haq- establece una democracia no presidencialista, en la que el mando real del país, sometido al Legislativo, quedaría en manos del Ejecutivo. La enmienda introducida durante la dictadura de Zia otorga al presidente el poder de destituir al Gobierno. De hecho, Benazir Bhutto fue destituida por el jefe del Estado las dos veces que dirigió el Gobierno, pero en el día a día el jefe del Estado es una figura casi representativa.