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Reportaje:

Treinta años de una dictadura despiadada

Solo en dos años se calcula que unas 400.000 personas fueron asesinadas

El general Haji Mohamed Suharto, fallecido tras tres semanas en estado crítico a los 86 años, nació en junio de 1921 en el centro de la isla de Java, en el seno de una familia militar. Tras formarse en el Ejército holandés y combatir durante la Segunda Guerra Mundial en una milicia local de apoyo a las tropas japonesas, luchó desde 1945 contra Países Bajos por la indepedendencia de su país.

En 1950, una vez consolidada la independencia y derrotados los holandeses en su intento de recuperar su antigua colonia, Suharto ascendió al rango de teniente coronel. En 1962, tres años después de ser acusado de contrabando, alcanzó el rango de general. Por entonces, Suharto había empezado a significarse como un militar de ideas claramente derechistas, en contraste con el marcado carácter izquierdista del primer presidente de la historia del país, Sukarno.

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Golpe militar en 1965

En 1965, el general Suharto lideró un golpe de Estado militar que acabó con el régimen y un año después fue elegido presidente, después de que el propio Sukarno renunciara al cargo y cediera el poder de emergencia al militar golpista. Fue el nacimiento del llamado 'Nuevo Orden' ('Orde Baru'), un régimen dictatorial dominado por el Partido Golkar.

Entre 1965 y 1966, el nuevo régimen lanzó una brutal represión contra cientos de miles de personas acusadas de simpatizar con el Partido Comunista. El partido fue inmediatamente ilegalizado, el Parlamento y el Gobierno fueron depurados, los sindicatos indepedientes fueron perseguidos y la prensa fue censurada. Según las organizaciones de Derechos Humanos, en esos dos años se calcula que desaparecieron o fueron asesinadas entre 400.000 y 500.000 personas.

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A lo largo de sus 32 años de duración, el régimen se caracterizó por el uso extendido de la tortura, el secuestro y el asesinato contra la disidencia, sobre todo en las zonas del país con fuerte presencia de movimientos independentistas, como Aceh, Papúa Occidental o Timor Oriental. Sólo en este país -actualmente independiente-, conquistado a Portugal en 1976, el Ejército indonesio causó la muerte de alrededor de 100.000 personas, aproximadamente un tercio de la población total.

Los disidentes que sobrevivieron a la primera oleada represiva, calificados genéricamente como 'tapol' ('presos políticos'), fueron condenados a largas penas de cárcel, expropiados e inhabilitados para cargo público tras su salida de prisión. La "maldición" fue transferida a sus hijos y familiares.

Colaboración occidental en la represión

Durante su mandato, Suharto estabilizó la economía del país y convirtió a Indonesia en un puntal de las potencias occidentales en plena 'Guerra Fría', en contraste con la política de Sukarno, mucho más próxima a la República Popular China. Fue tal el apoyo occidental que en los años noventa trascendió la noticia de que la diplomacia estadounidense le había facilitado listas de hasta 5.000 comunistas para su posterior represión. Por su parte, la Inteligencia británica coordinó la guerra ideológica del Ejército indonesio contra el Partido Comunista, contra los indonesios de origen chino y contra el propio Sukarno.

Su política de privatización de recursos naturales, de apoyo a las multinacionales y de endeudamiento con el Banco Mundial y con las potencias occidentales coincidió con un alto grado de corrupción por parte de miembros del Partido Golkar, en su función de intermediarios en los contactos entre empresas y Gobierno. Buena parte de los fondos del Estado fueron desviados a cuentas personales de la familia de Suharto.

Derrocado poor la crisis económica

Tras varios años de bonanza económica que le permitieron mantener el cargo, el régimen de Suharto fue víctima de la crisis asiática de 1997, que trajo la ruina al país en un muy corto periodo de tiempo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empezaron a apretar las tuercas a Indonesia y las malversaciones de fondos de Suharto empezaron a trascender. Las medidas de austeridad dictadas para salvar la situación no hicieron sino provocar el fuerte estallido social que, junto a la pérdida del apoyo del Ejército, causaron el derrocamiento del dictador en mayo de 1998.

Poco después de su destitución se conoció públicamente que la fortuna de la familia de Suharto ascendía a los 15.000 millones de dólares en dinero, intereses empresariales, propiedades, obras de arte y joyas, y a 36.000 kilómetros cuadrados en propiedades (incluido el 40% de la tierra en Timor Oriental).

En mayo de 2000 fue puesto bajo arresto domiciliario por cargos de corrupción, entre otros por malversación de 571 millones de dólares de donaciones gubernamentales en favor de una fundación de su propiedad. Desde entonces, los intentos de procesamiento se han ido retrasando a medida que se deterioraba la salud del ex dictador. En mayo de 2005, el fiscal general del Estado, Adburrahman Saleh, anunció ante el Parlamento su intención de juzgar a Suharto y a otros elementos del Nuevo Orden por casos de corrupción y violaciones de Derechos Humanos.

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