La UE castigará con cárcel negar el Holocausto
Tras seis años de arduas negociaciones, los Veintisiete acordaron ayer una ley para combatir el racismo y la xenofobia que castiga con penas de cárcel la negación del Holocausto. Un ejercicio de equilibrismo político acabó por convencer a los países bálticos, que exigían que la negación del estalinismo figurara en el texto de la declaración. La UE no accedió a la petición de Estonia, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovenia, pero a cambio los Veintisiete emitieron una declaración en la que "deploran" los regímenes totalitarios y se comprometen a celebrar una conferencia sobre el tema.
Esta declaración bastó para contentar a los bálticos, aunque dos de ellos -Letonia y Lituania- deben aún consultar con sus Parlamentos.
La ley entrará en vigor previsiblemente a finales de año y los países de la UE tendrán dos años para adecuar sus códigos penales. En ellos deberán incluir penas de "un máximo de al menos entre uno y tres años" de cárcel para quien incite en público a la violencia o al odio contra grupos definidos por su raza, color, religión, descendencia, nacionalidad u origen étnico. También para los que públicamente "condonen, nieguen o trivialicen genocidios, crímenes contra la humanidad y de guerra definidos por la justicia internacional, así como los del régimen nazi.
Las distintas realidades históricas y políticas de los Veintisiete han impedido durante todos estos años llegar a un acuerdo de mínimos, que al fin y al cabo no supondrá grandes cambios en las leyes de la mayoría de miembros de la UE. Hasta nueve países castigan en Europa la negación del Holocausto. Y en muchos de los que no se penaliza, como en España, el Código Penal sí castiga la discriminación por motivos racistas, antisemitas, por lo que el negacionismo estaría comprendido, según fuentes diplomáticas españolas.
Fue Italia la que durante un lustro impidió que esta ley saliera adelante. El centro-izquierda italiano, en el poder desde el año pasado, dio finalmente vía libre al texto, pero fue entonces cuando las reticencias de otros países, hasta entonces en la retaguardia, salieron a la luz.
Los británicos no querían que se incluyera el tema de la religión, según distintas fuentes consultadas, por la relación con el conflicto de Irlanda del Norte. Los países nórdicos, sobre todo Suecia y Dinamarca, consideraban que la ley podía restringir la libertad de expresión, fuertemente protegida en sus constituciones. Y finalmente fueron los bálticos los que salieron a la palestra para exigir que los crímenes de Stalin se equipararan a los de Hitler.
El resultado ha sido una ley descafeinada y repleta de excepciones.
