Unicef advierte de que una nueva ley chilena viola los derechos del niño
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió ayer de que el endurecimiento de las penas contra los adolescentes incluido en la nueva ley chilena de responsabilidad juvenil vulnera la Convención de los Derechos del Niño.
Las críticas de Unicef se refieren a una indicación introducida en la Nueva Ley Penal Juvenil por el senador de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín, que establece que los jóvenes condenados a más de cinco años de reclusión deben cumplir al menos dos en un recinto cerrado.
Este tipo de sanción se aplica a adolescentes de entre 16 y 17 años. Anteriormente, los jueces podían aplicar una pena de cinco años y un día de reclusión, pero ésta se cumplía en régimen de semilibertad. El problema, según señala Unicef en un comunicado difundido ayer, es que se puede llegar a esa condena sin haber cometido un delito violento, sino algunos de mediana gravedad de forma reiterada.
El organismo se muestra preocupado porque esta indicación "desvirtúa y contraviene los principios" de la iniciativa legal de que la privación de libertad debe ser el último recurso y sólo para delitos graves y con violencia contra las personas. Agrega que extender las sanciones privativas de libertad a adolescentes acusados de cometer delitos no violentos "no es coherente" con los principios de reinserción social.
La nueva ley comenzará a regir el 8 de junio, después que la Cámara de Diputados rechazase el martes una propuesta de un grupo de diputados para aplazar su entrada en vigor durante un año. La normativa establece que entre los 14 y 15 años las sanciones pueden ir desde los tres años y un día a los cinco años, mientras que entre los 16 y 17 las penas oscilan entre 541 días a 10 años de prisión.
La modificación que elevó las penas se aprobó en la misma sesión del martes con el apoyo de los parlamentarios de la oposición de derecha y el inesperado respaldo del oficialista Partido Radical Socialdemócrata (PRSD). En contra votaron socialistas, socialdemócratas y democristianos, que junto a los radicales integran la Concertación de Partidos por la Democracia que gobierna desde 1990.
La división entre los partidos oficialistas fue minimizada ayer por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, que defendió además la controvertida indicación. "Me parece que tampoco uno debe establecer una incompatibilidad plena entre la privación de libertad y la reinserción, si fuera así, tendríamos que erradicar completamente la privación de libertad", dijo Maldonado.
