Uribe anuncia una comisión especial para defender al ex ministro Santos

Las maltrechas relaciones entre Ecuador y Colombia no sólo no encuentran tregua, sino que se complican día a día. En el más reciente episodio, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha reaccionado con dureza ante la decisión del juez ecuatoriano Daniel Méndez, que el lunes ordenó la detención del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. El juez acusa a Santos de ser el artífice de la Operación Fénix, desarrollada en territorio del país vecino, que en marzo de 2008 terminó con la muerte de Raúl Reyes, cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y 25 personas más, entre ellas un ecuatoriano.

Aunque el Gobierno de Quito aún no ha dicho si avala o rechaza esta decisión judicial, Uribe anunció el miércoles, a su regreso a Colombia desde Panamá, donde asistió a la toma de posesión del nuevo presidente, Ricardo Martinelli, la creación de una "gerencia para defender al país del terrorismo [...], de la guerra que desde el interior del país y desde sectores internacionales adelanta el terrorismo en lo político y en lo jurídico".

Los ministros de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores, así como representantes de la fiscalía, formarán parte de esta comisión sin precedentes. Una de sus funciones será asumir las acciones políticas necesarias para defender a los funcionarios que participaron en la Operación Fénix, que supuso un duro golpe para la guerrilla más poderosa del país, pero que provocó que las relaciones con Ecuador se quebraran.

El comunicado del Gobierno puntualiza que el bombardeo al campamento guerrillero respondió a "una decisión política adoptada por el Gobierno colombiano, en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo", y que se hizo respetando el derecho internacional humanitario.

Durante la celebración ayer del primer año de la Operación Jaque, que permitió la libertad de 15 rehenes de las FARC -entre ellas, Ingrid Betancourt-, Uribe y sus generales aprovecharon para repetir que, sin la Operación Fénix, no hubiera sido posible la Operación Jaque. "Fue necesario aislar a ese secuestrador de la cadena que mantenía en esclavitud a los secuestrados", dijo el presidente. Además, para el Gobierno de Bogotá, Ecuador no tiene jurisdicción para juzgar a los funcionarios colombianos que participaron en la acción militar.

El ex ministro Santos había dicho el mismo lunes que la acción del juez contra él es una agresión a Colombia. Y Ecuador respondió ayer. El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, aseguró que no se trata de una agresión y que no se deben mezclar las decisiones judiciales y políticas: "Los procesos judiciales se deben dejar en el ámbito judicial", dijo. La posición ecuatoriana ha sido siempre la misma: hubo violación de la soberanía nacional, por lo que es necesaria una investigación. Las tropas colombianas permanecieron varias horas más allá de sus fronteras, y sólo una vez hubo concluido el operativo se le comunicó al Gobierno de Rafael Correa.

Juan Manuel Santos ha recibido el apoyo incondicional de la clase política colombiana. Hasta el presidente del opositor Polo Democrático, Jaime Dussan, dijo al diario El Tiempo que se unía a la solidaridad general "para impedir que se cometa una arbitrariedad".

Santos se retiró del Ministerio de Defensa recientemente. Las encuestas continúan mostrándole como uno de los personajes mejor situados para ganar las elecciones del próximo mayo, si fracasa el referéndum que permitiría a Uribe repetir mandato por tercera vez.