Vía libre en Chile a la ley que reconoce a los 'desaparecidos'
La derecha próxima al pinochetismo intentó bloquear su aprobación
Un proyecto que permite el reconocimiento legal de los detenidos desaparecidos en la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990) podrá transformarse en ley después de que un fallo del Tribunal Constitucional rechazara la petición del Senado de exigir un alto quórum para su aprobación.
La Cámara alta había aprobado la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas, pero la mesa directiva del Senado, controlada por la derecha que fue más cercana al pinochetismo, exigió el requisito de un alto quórum para la aceptación definitiva de un informe final de una comisión mixta del 60% de los senadores en ejercicio.
Como la coalición gobernante quedó hace un año en minoría en el Senado tras el paso hacia la derecha de dos parlamentarios tránsfugas, la exigencia del elevado quórum se traducía en la práctica en torpedear el proyecto.
Ante esta situación, un grupo de senadores socialistas recurrió ante el Tribunal Constitucional la decisión de la directiva del Senado. Este organismo falló que el proyecto fue aprobado por haber obtenido una mayoría simple.
Esta decisión del Constitucional "pone fin a una interpretación que por 19 años permitió que una minoría obstaculizara el avance de las leyes que la mayoría de los parlamentarios habían aprobado", afirmó a Efe el senador socialista Juan Pablo Letelier, uno de los parlamentarios que recurrió la decisión de la mesa del Senado.
Letelier responsabilizó del intento de torpedear este proyecto al presidente del Senado, Jovino Novoa, subsecretario en la dictadura de Pinochet. Éste es "un tremendo triunfo no sólo de esta ley y de las familias de los detenidos desaparecidos, sino de la forma en que deben tramitarse los proyectos de ley en el Congreso", agregó Letelier.
El proyecto permite resolver un problema legal que afecta a muchos de los parientes de los 1.192 detenidos desaparecidos por agentes del Estado y la posibilidad de transferir sus bienes sin necesidad de tener que pedir a un juez la "muerte presunta" de las víctimas.
La resolución del Tribunal Constitucional coincidió con la campaña pública que desarrollan el Gobierno y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) para recoger muestras de los familiares de las víctimas y crear un banco de datos que facilite la identificación de los detenidos desaparecidos.
