Vientos laicos en Costa Rica

Los diputados de Costa Rica tienen en sus manos un proyecto de reforma constitucional que podría dejar a la Iglesia católica sin su último Estado confesional en América Latina. El plan para convertir este pequeño país centroamericano en un Estado laico ha encendido un intenso debate político, que llevó incluso a un prominente obispo a pedir a los feligreses no votar en febrero próximo por "los candidatos presidenciales que niegan a Dios y defienden principios que van contra la vida, contra el matrimonio y contra la familia".

El texto, redactado por un grupo civil llamado Movimiento por un Estado laico, entró hace dos semanas en plena corriente legislativa y, aunque ninguna reforma constitucional en Costa Rica puede tardar menos de un año en aprobarse, se ha convertido ya en un tema candente dentro de la campaña electoral. La modificación del artículo 75 de la Constitución, que cumple seis décadas este año, recoge el respaldo de los congresistas de casi todos los partidos políticos representados en el Congreso y del presidente, Óscar Arias, cuya postura ha terminado por preocupar a las autoridades católicas costarricenses.

Varios púlpitos han servido ya para intensificar la lucha eclesiástica en el ámbito político, siguiendo los pasos del obispo de Cartago (centro del país), sede de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. El prelado Francisco Ulloa advirtió que, "cuando un Estado se vuelve ateo, es capaz de cometer las peores injusticias y las más bajas aberraciones. De esto es testigo la historia". A su lado estaba el representante del Vaticano, Pierre Nguyén Van Tot, y enfrente, centenares de fieles de la ciudad más católica de un país donde tres de cada cuatro habitantes es católico, pero menos de la mitad reconoce ser practicante.

"Un grupo de diputadas y diputados de nuestro honorable Congreso nacional pretende borrar el nombre de Dios de nuestra Constitución política y posiblemente eliminarlo de toda institución pública. Así como lo oyen. Ellos creen que con este acto de profanación van a matar a Dios. Están totalmente equivocados", advirtió el obispo Ulloa, la segunda cara más reconocida de la Conferencia Episcopal, que prepara aún un comunicado con la idea de adormecer la discusión y dejar el tema como una anécdota o una simple calentura electoral.

Las discusiones por Internet, las homilías y las cartas en los periódicos, sin embargo, parecen indicar que el proyecto ha tomado el camino que ya recorrió el resto de América Latina, donde ninguno de los países mantiene una religión oficial. Los casos que más se acercan son Panamá, cuya Constitución reconoce la mayoría católica, y Argentina, cuyo "Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", dice su Constitución en el artículo 2. El resto de países latinoamericanos se limitan a proteger la libertad de culto y, en algunos casos, a brindar beneficios legales a las instituciones católicas.El Gobierno de Costa Rica destina una pequeña parte de su presupuesto para reparaciones de templos católicos, pero ofrece a la Iglesia otras prerrogativas, como la inclusión de la asignatura de religión en las escuelas y colegios estatales, dedicada exclusivamente a la promoción de la doctrina católica. Su influencia, sin embargo, cala más hondo. Importantes intelectuales miembros del Opus Dei integran en parte el equipo jurídico del Estado para defenderse en denuncias como la interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por prohibir la fertilización in vitro.

La Iglesia católica se ha enfrentado en los últimos años a recientes investigaciones judiciales por manejos financieros irregulares, pero también constantes intentos, aún infructuosos, de diversos sectores por legalizar prácticas como los matrimonios homosexuales, el aborto o la fertilización in vitro.